Plena inclusión reclama que el derecho a la accesibilidad cognitiva se recoja explícitamente en la legislación española y que no quede invisibilizado en una definición más general.
“El derecho a la accesibilidad cognitiva debe aparecer de modo explícito en el ordenamiento jurídico español y no quedar invisibilizado en una definición más general como es la de la accesibilidad universal”. Este es el mensaje que se lanza desde Plena inclusión, con el apoyo del CERMI, al Congreso de los Diputados, tras el rechazo de PSOE y Unidas Podemos a las enmiendas presentadas a la reforma legal que se está tramitando.
Según estas entidades, “el argumento esgrimido por estos grupos parlamentarios es que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal y que queda reconocida en la actual Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión”.
“Desde el movimiento asociativo de la discapacidad llevamos años luchando para poner la accesibilidad cognitiva en la agenda política porque entendemos que es un derecho fundamental no recogido explícitamente en ninguna ley vigente”, apunta Olga Berrios, responsable del programa de Accesibilidad Cognitiva en Plena inclusión España.
En su opinión, “las leyes deben asegurar que tenemos igualdad de oportunidades para acceder a todas las informaciones. Eso es avanzar en la plena inclusión de nuestra sociedad”, completa Maribel Cáceres, representante de las personas con discapacidad intelectual en la Junta Directiva de Plena inclusión y en el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
En ese sentido, Plena inclusión ha solicitado a PSOE y Unidas Podemos que retiren la enmienda de supresión y apoyen el texto enriquecido con las aportaciones presentadas en el Congreso.
La accesibilidad cognitiva, olvidada
“Plena inclusión remarca que la accesibilidad cognitiva no ha contado en España hasta ahora, exceptuando casos puntuales, con normativa relacionada, planes ni medidas públicas globales para promoverla”. Uno de estos ejemplos son las sentencias en lectura fácil de juzgados asturianos, una iniciativa promovida por Juan Carlos García, magistrado del Consejo General del Poder Judicial y delegado en Asturias del Foro Justicia y Discapacidad. El propio García ha reconocido que “no hay un instrumento legal que exija que las sentencias se hagan en lectura fácil”.
Otro caso positivo que va en la línea de lo que demanda el movimiento asociativo de las personas con discapacidad es la creación, por parte de la Junta de Extremadura, de la OACEX (Oficina de Accesibilidad cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura).
“Gracias a su trabajo, la comunidad extremeña es la más avanzada en iniciativas que garantizan el acceso de la información de las personas con discapacidad intelectual y/o dificultades de comprensión. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue la inclusión de señalética en lectura fácil la adaptación, en los últimos comicios, en todos los colegios electorales de Extremadura. Hay que recordar que el OACEX, que es un servicio estatal muy similar al Centro Estatal de Referencia en Accesibilidad Cognitiva que se propone en la nueva ley, está gestionado por Plena Extremadura”, han añadido desde esta entidad.
