Las nuevas denuncias por abusos contra miembros de la Iglesia católica en los últimos seis meses en España han sido «cero o muy pocas», según ha asegurado la Conferencia Episcopal Española (CEE).«Prácticamente todas las diócesis han coincidido en que el número de denuncias recibidas en estos meses han sido cero o muy pocas», ha afirmado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en rueda de prensa, este viernes, coincidiendo con la Jornada de oración por las víctimas de abusos, que celebran cada 20 de noviembre.
Argüello ha indicado que, una vez recogidos los datos aportados por los obispos españoles, han constatado que a lo largo de los «últimos seis meses» los «casos nuevos» que han llegado a las oficinas diocesanas, han sido «mínimos».
Si bien, sí han recibido a personas que se han dirigido a las oficinas que ya habían denunciado casos de abusos anteriormente pero querían mantener un encuentro personal con el obispo, según ha añadido.
La Conferencia Episcopal Española puso un plazo para que las diócesis españolas crearan oficinas diocesanas contra los abusos y desde que se cerró este plazo, en los últimos meses, «muchas de ellas», además de abrir la oficina, han elaborado guías de prevención, han puesto en marcha recursos de formación y elaborado protocolos, según ha precisado Argüello.
Además, sobre el grupo de trabajo que crearon para estudiar el Vademecum del Vaticano sobre procedimientos para tratar casos de abuso sexual a menores, y su aplicación en España, Argüello ha explicado que «gran parte» ya estaba recogido en la normativa aprobada por los obispos españoles aunque se han introducido «algunas modificaciones» que se presentarán en la próxima Asamblea Plenaria de los obispos de febrero.
«En la Iglesia es ya una toma de conciencia para tomar medidas necesarias para todo lo que tenga que ver con la prevención, acogida y escucha a las víctimas de estos comportamientos tan inadecuados, graves y escandalosos en la vida de la comunidad cristiana, pero gracias a Dios pensamos que el asunto está encauzado respecto a los protocolos y maneras de hacer en las diócesis», ha señalado.
Preguntado por si la Iglesia española indemnizará a las víctimas, como ocurre en otros países, el portavoz de los obispos ha puntualizado que ellos están «a expensas del cumplimiento de las sentencias» y, por tanto, «si una establece derecho a indemnización, el causante, el abusador tiene la primera responsabilidad y después, la que pudiera tener la Iglesia de manera subsidiaria».
«NO ES UNA GRAN INMOBILIARIA»
Por otro lado, sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, el portavoz de los obispos espera que la publicación del listado de bienes inmatriculados que prepara el Gobierno no sea una «campaña» con la que se quiera presentar a la Iglesia como «una gran inmobiliaria en España o una gran detentadora de fincas».
Por el contrario, el también obispo auxiliar de Valladolid ha explicado que la «realidad» es que en España hay «40.000 entidades relacionadas con la Iglesia» y que los edificios que podría haber inmatriculado son «34.000».
«Podría ocurrir que alguna de las 23.000 parroquias de España hubiera podido inmatricular un templo y lo que estaba alrededor, que hoy sea la plaza del pueblo, y haya conflicto», ha apuntado. En todo caso, desde la CEE animan a las diócesis a publicar sus listados de bienes y a que los conflictos sean abordados desde cada diócesis o desde la entidad que haya inmatriculado.
«Creemos que esta carpeta está bien cerrada. Con todo, si ahora al hacerse público el listado, algún ayuntamiento, administración pública o algún particular, pudiera presentar algún titulo de mejor derecho, ¿cómo no lo vamos a reconocer?», ha añadido.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado que son varias las diócesis que están dando a conocer el listado de bienes, entre ellas, Toledo, que ya lo ha hecho, o Burgos, que lo va a publicar «de inmediato».
Según ha precisado, más de la mitad de los 30.000 bienes inscritos por certificación son «lugares de culto que estaban exceptuados de inmatriculación hasta el año 1998, otro 20-25% son bienes aplicados a un fin pastoral como casas rectorales, cementerios, etcétera, y el resto, pequeñas fincas rústicas para albergues o campamentos».
Barriocanal ha manifestado el deseo de la Iglesia de «colaborar» en caso de que se haya «producido algún error, partiendo de la base de que todo se realizó de acuerdo a la legislación y el buen proceder de los registradores».
LOS OBISPOS INVITAN A ANTONIO GARAMENDI
Por otro lado, la Asamblea Plenaria de los obispos ha dedicado parte de sus trabajos de esta semana a analizar la situación creada por la pandemia de la Covid-19, y para contar con una perspectiva macroeconómica, los obispos han invitado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien les ha ofrecido los datos económicos de las consecuencias de esta crisis.
Asimismo, los obispos han presentado un informe sobre la situación social creada por la pandemia en el que denuncian que los trabajadores no han tenido «respuestas adecuadas» por parte de las administraciones ante la pandemia.
En concreto, critican que el Ingreso Mínimo Vital «plantea grandes dificultades por su lentitud y por las condiciones que exigen para el cobro del mismo», unas condiciones que, según añaden, «no permiten que lo puedan percibir muchas personas que viven situaciones de exclusión y vulnerabilidad».
Hasta ahora, según los prelados, el tipo de ayudas que se han gestionado tienen «un claro carácter asistencialista y supondrán un grave problema económico y social en el momento en que se dejen de cobrar los ERTE y se comiencen a reembolsar los créditos, si la economía no se reactiva.
Además, dicen que las respuestas, «en general, fueron insuficientes y tardías, sin personal suficiente en educación, sanidad y en los organismos de la administración pública» y que «la gestión autonómica ha sido también dispersa y descoordinada». A esto se suma, a su juicio, la «crispación política y la estrategia de la confrontación».
Igualmente, advierten de que «se van debilitando paulatinamente» las iniciativas que «en un primer momento» surgieron «con mucha fuerza y entusiasmo», como grupos de ayuda y redes de apoyo, mediante el asociacionismo vecinal.
