La portavoz del Grupo Popular en Congreso, Cuca Gamarra, ha saludado este jueves que varios grupos de la oposición, incluyendo independentistas como Junts, se unan en el Congreso para intentar «corregir» la reforma educativa, conocida como ‘Ley Celaá’, con el objetivo de «garantizar» la educación concertada. A su entender, con un «Gobierno débil» como el liderado por Pedro Sánchez la oposición «tiene que tener la capacidad de negociar» para buscar «frenar ataques» como éste.
En concreto, PNV y JuntsxCat han presentado una enmienda transaccional a la ley de Educación del Gobierno en la que piden que se garantice la «existencia suficiente de plazas» en la educación concertada. Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox han anunciado que respaldarán esa enmienda durante la votación de la ley en el Pleno del Congreso.
En su participación en el encuentro NEFOnline organizado por Nueva Economía Fórum junto al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, Gamarra ha señalado que hay aspectos de la ‘Ley Celaá’ en los que PNV y Juns están «muy en contra», como la parte relativa a la libertad de elección y la educación concertada.
«Este es el Gobierno más débil que ha habido en democracia y esa enmienda saldría adelante porque una amplia mayoría que estamos en la oposición podamos sumar apoyos suficientes para corregir este aspecto», ha afirmado, para añadir que la ‘Ley Celaá’ lo que quiere es una «escuela única, impuesta y totalmente controlada y muy ideológica».
Gamarra ha dejado claro que si esa enmienda sale adelante será porque una mayoría parlamentaria «se ha movilizado de manera inteligente» y «a la altura de lo que los españoles esperan» para apoyarnos con el objetivo de «garantizar una educación concertada». «Si este es un gobierno débil, la oposición también tiene que tener la capacidad de negociar entre ellos para intentar frenar aquellos ataques en los que puedan estar mínimamente de acuerdo», ha apostillado.
«MODELO DE RUPTURA DE PAÍS»
Gamarra ha afirmado que la ‘Ley Celaá’ lleva a un «modelo de ruptura de país y de ruptura del modelo educativo» que se promovió en 1978, con un «ataque» a la libertad educativa al «imponer» una «escuela única a través de la escuela pública». Según ha añadido, el PP defiende poder elegir entre escuela pública, concertada o privada.
Además, ha recalcado que esta norma supone un «ataque» a la educación especial y un «ataque directo» también al español como lengua vehicular en la enseñanza que lleva a «promover 17 modelos educativos». «Desaparece la Alta Inspección nacional del Estado para pasar a ser 17 Altas inspecciones de CCAA», ha afirmado, para añadir que se trata de la «entrega de la educación en el marco de la negociación» de los Presupuestos.
En este sentido, ha reiterado que esto «no pasa por casualidad» sino que son unas «contraprestaciones» a los Presupuestos. «Se podría decir que esta ley es una ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos. Si la ‘Ley Celaá’ no sale aprobada del Congreso, el Presupuesto no saldría adelante y por eso se acortan los plazos», ha subrayado.
Así, la portavoz del PP ha criticado la celeridad con la que el Ejecutivo está tramitando la LOMLOE y lo ha achacado a que va vinculada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para lograr el apoyo de sus socios.
«Nunca una ley se ha tramitado tan rápido y se ha hurtado tanto debate y tanta participación como en ésta», ha afirmado, para denunciar que la norma no haya pasado por el Consejo de Estado, por el Consejo Escolar y sin comparecencias en sede parlamentaria de la comunidad educativa. A su entender, esa falta de participación hace que esta ley «nazca sin consenso» cuando debería ser «vertebradora de país».
MAROTO: «LA LEY NO CONVENCE NI AL PSOE»
Por su parte, el portavoz del PP en el Senado ha afirmado que esta ley «no convence ni al PSOE». «No he visto a una ministra más incómoda que a Isabel Celáa defendiendo esta ley. Cuando un ministro no se cree la ley que propone, todo el mundo se da cuenta», ha manifestado.
En este punto, Maroto ha subrayado que la «única razón» por la que están promoviendo esta ley es porque tienen que «pagar» a ERC el «precio» de «aparcar el castellano». «Por eso tramitan esta ley, que es un apéndice del Presupuesto. Menudo marrón ha tenido la ministra de Educación con esta ley para tener que cumplir y pagar un precio a los socios de Sánchez», ha resaltado.
