Funcas ha advertido este jueves de que el confinamiento y las restricciones a la movilidad producirán un «mayor deterioro generalizado de los indicadores de desigualdad social y pobreza» en España, al tiempo que ha alertado de que si la crisis se prolonga, existen «serios riesgos» para la cohesión social.
La institución reconoce que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras medidas adoptadas por el Gobierno para compensar la menor actividad han «mitigado» el aumento de la desigualdad. No obstante, Funcas avisa de que la cobertura de las medidas de prevención y contención de la crisis «está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no se ha podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos».
Así lo señala la institución en un estudio que ha realizado para evaluar el impacto social de la pandemia, en el que constata que la crisis ha provocado una importante reducción de los ingresos de familias y trabajadores.
Citando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la entidad recuerda que el número de hogares sin ningún tipo de ingresos aumentó en el segundo trimestre en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 familias afectadas.
Además, a finales de septiembre los trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo, incluyendo trabajadores de ERTE y autónomos en cese de actividad, habían aumentado en 1,25 millones de personas respecto a febrero, percibiendo muchos de ellos un 30% menos de su salario habitual.
A ello hay que sumar los 2,2 millones de empleos que Funcas estima que están en riesgo por pertenecer a empresas con cierto riesgo de insolvencia. Su mantenimiento, avisa, «sólo será posible si las empresas en hibernación pueden reactivarse».
La institución constata en este estudio la «asimetría» con la que ha impacto la crisis en la sociedad, pues la pérdida de ingresos se ha concentrado en los estratos de menor renta, asociados a actividades y sectores muy afectados por el confinamiento, como el turístico, que presenta mayores dificultades para reanudar su actividad. «Las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral», apunta Funcas al respecto.
AUMENTA LA NECESIDAD SEVERA
Dado que el deterioro de las rentas de las familias se ha concentrado en los estratos sociales que ya tenían rentas más bajas, el estudio constata un aumento «considerable» de las situaciones de necesidad severa. En consecuencia, «y ante los huecos en la cobertura de las políticas sociales, por diseño o por su implementación», la demanda de acción social por parte de las ONG ha crecido «enormemente», según Funcas.
En concreto, la entidad estima que la demanda de acción social de las grandes ONG (Cáritas, Cruz Roja, FESBAL, entre otras) ha aumentado entre un 40% y un 60% durante los seis primeros meses de la pandemia. Entre una cuarta parte y un tercio de esa demanda está formada por personas que han recurrido por primera vez a los servicios que ofrecen estas organizaciones (entre 150.000 y 200.000 personas.
Los perfiles predominantes de los nuevos solicitantes de ayuda se asemejan a los de los usuarios previos (personas sin ingresos o con ingresos muy bajos e irregulares, inmigrantes y miembros de familias monoparentales), aunque Funcas subraya que hay diversas evidencias que apuntan a la mayor juventud de los nuevos solicitantes.
Ante este escenario, la entidad considera que los principales desafíos pasan por reactivar el empleo en hibernación o restringido por las medidas de contención de contagios; mejorar la situación de los colectivos vulnerables no cubiertos o insuficientemente cubiertos por las medidas actuales; coordinar las políticas sociales; garantizar la sostenibilidad financiera de las medidas anticrisis, y buscar consensos políticos y sociales para aprobar de manera ágil políticas eficaces contra las repercusiones sociales más negativas de la pandemia.
