El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado que los dos condenados del ‘caso Alsasua’ que permanecen en la prisión de Álava después de ser condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016, Julem Goicoechea Larraza y Jon Ander Cob Amilibia, puedan salir de la cárcel para estudiar y trabajar. Coincide que ambos, en segundo grado, han cursado la carrera de Psicología por la UNED en la prisión.
En dos autos del magistrado José Luis Castro Antonio, a los que ha tenido acceso Europa Press, se estiman así los recursos de reforma que interpuso la defensa de ambos contra los autos que denegaban inicialmente el segundo grado en junio y en consecuencia permite que accedan al mismo con el principio de flexibilización del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.
Estos dos jóvenes son los únicos de los condenados que continúan en prisión, ya que el resto gozan del tercer grado e incluso una de ellas no llegó a ingresar en prisión, dado que fue condenada a un año y seis meses. Ambos, que cumplirían con la totalidad de la pena a finales de septiembre de 2025, fueron condenados a siete años y medio de cárcel e ingresaron en prisión en junio de 2018, por lo que han cumplido hasta la fecha dos años y cinco meses aproximadamente.
En el caso de Goicoechea, condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a siete años y medio por atentado a la autoridad y lesiones, se apunta en la resolución que tiene una buena conducta penitenciaria, asume de forma correcta la normativa institucional, tiene un bajo nivel de prisionización, participa de forma correcta en las actividades programadas, hace buen uso de los permisos de salida, cuenta con apoyo familiar y tiene posibilidades de empleo u otra ocupación.
Además se destaca que asume la responsabilidad delictiva y está abonando la responsabilidad civil impuesta. Por eso, y dado que la cuarta parte de su condena la cumplió en marzo de este año, determinan una evolución positiva.
PERSPECTIVA CRÍTICA CON LA CONDUCTA DELICTIVA
Se añade que respecto a los hechos por los que cumple condena reconoce plenamente su participación desde la primera entrevista y asume desde una perspectiva crítica la conducta delictiva realizada y las consecuencias para las víctimas y terceras personas.
Sobre sus estudios, se detalla que cuenta con el bachillerato y un grado superior en megatrónica de cuatro años, y que actualmente estudia Psicología en el centro penitenciario. Además tiene prácticas remuneradas como técnico de mantenimiento y cuenta con una oferta laboral comprobada por el Equipo Técnico del Juzgado.
«Este conjunto de variables ha permitido a la Junta de Tratamiento el 12 de septiembre de 2020 proponer la aplicación del artículo 100.2; facilitando que el penado pueda cursar de forma presencial el 2º grado de Psicología, al mismo tiempo que compatibilizarlo con la oferta laboral existente, lo que permitirá al penado detraer del salario con el que se le remunere una cantidad que permita seguir satisfaciendo la responsabilidad civil», dice el juez.
Y añade que por tanto estima el recurso de reforma «de modo que se pueda compaginar la actividad laboral con los estudios universitarios» y ordena que se elabora a tal efecto «un programa de ejecución que permita dar cumplimiento a los objetivos expuestos».
En cuanto a Jon Ander Cob, condenado por la AudienciaNacional por tres delitos de lesiones y un delito de atentado a la autoridad a la pena de siete años y medio de prisión, el juez señala en el auto que se verifican en el interno «elementos que se valoran positivamente y favorables al proceso de adaptación, como es su buena conducta penitenciaria, la asunción correcta de la normativa institucional, el aprovechamiento en actividades formativas o el buen uso de los permisos de salida.
También resalta las posibilidades de empleo y la asunción de la responsabilidad delictiva, y añade que el pronóstico de reincidencia es bajo y que el penado ha asumido de forma real y efectiva el pago de la responsabilidad civil, hasta el extremo de haber abonado la cuantía de 6.400 euros de la responsabilidad solidaria impuesta en sentencia.
Cob ha dejado de lado durante su paso por prisión los estudios de gestión forestal en el exterior para volcarse también con la Psicología, y se apunta de él que «ha reflexionado sobre todo lo ocurrido y podría asegurarse que ahora obraría de otra manera». «Es consciente de la gravedad de lo ocurrido y también de que no merece la pena perder parte de los mejores años de su vida, porque alguien vista, viva y represente una opción diferente», añade.
LA REBAJA DEL SUPREMO
En octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) rebajó de forma notable las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) implicados en la agresión, por lo que las penas quedaron reducidas a entre 9 años y medio de cárcel la más alta y hasta el año y medio de prisión la más baja.
La sentencia de la Audiencia Nacional les había condenado a penas de entre 13 y 2 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque no se les condenó por delitos de terrorismo que sí aparecían en los escritos de acusación de la Fiscalía tanto en primera instancia como en apelación.
La reducción de penas del TS se debió a la no aplicación de la agravante de discriminación, ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a 2 acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas.
