La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de pena a 5 años de prisión por el delito de adoctrinamiento a un acusado de difundir contenido yihadista en redes sociales que ha señalado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la Policía manipuló pruebas para incriminarle en la causa por la que se ha sentado este miércoles en la Audiencia Nacional.
Así lo ha dicho el acusado Allal El Mourabit Ahmar, ya condenado por delitos de terrorismo, ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha asegurado que «no tiene razones para declarar», pero que escucharía las preguntas de la Fiscalía e iría «dando respuesta» si las tenía.
El Mourabit, que ha comenzado tildando su detención de «secuestro» –de hecho, la Sala ha visionado un vídeo grabado por él mismo en el que indicaba que la detención era un montaje para hacer una «película»–, ha afirmado que el camión que la Guardia Civil registró en julio de 2019 era su «casa» y que, por tanto, «podía haber de todo», sin llegar a admitir que todos los efectivos enumerados por el fiscal Pedro Rubira fueran suyos.
«Cuando practicaron el registro yo estaba a 20 metros. Ese es el problema, el agente podía haber introducido cualquier cosa», ha dicho en un par de ocasiones, al mismo tiempo que ha acusado a los agentes de borrar contenidos de sus tarjetas de memoria: «Yo tenía el Corán grabado para escucharlo, pero un día se borró. Yo digo que lo borró la Policía, no tenían nada que hacer y borraba los teléfonos de la gente.
El acusado también ha negado haber abierto cinco perfiles en redes sociales, asegurando que sólo tenía una cuenta en Facebook y otra en Youtube, por lo que ha atribuido la creación de las restantes a la policía.
En este sentido, en línea con su estrategia de defensa, ha apuntado que debido a su trabajo como camionero «apenas tenía tiempo para hablar con su familia» ni para visionar vídeos relacionados con la Yihad o «de violadores».
CONTENIDO «IDÓNEO» PARA INCORPORARSE AL ESTADO ISLÁMICO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de pena de prisión de cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de adoctrinamiento terrorista. Según explica en su escrito de acusación, el acusado, desde que salió de la cárcel, en noviembre de 2018, y hasta su detención, en julio de 2019, ha difundido por redes sociales «contenido idóneo para incitar a la incorporación a la organización terrorista Estado Islámico».
En ese periodo, el acusado publicó numerosos vídeos en Facebook, Instagram y YouTube en los que se muestran acciones de las Brigadas al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), así como discursos del líder de la facción palestina, Ismail Haniyeh, y de destacadas figuras del islamismo radical en Arabia Saudí y Egipto.
No obstante, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los requisitos necesarios para condenar por dicho delito, el fiscal Pedro Rubira ha introducido la alternativa de condenar por el delito de justificación del terrorismo, por el que solicita tres años de cárcel.
El fiscal ha explicado que, según la citada jurisprudencia, el delito de adoctrinamiento exige que al menos exista el «planteamiento», la «capacitación», para llevar a cabo un acto terrorista; mientras que el delito contemplado como alternativa tanto sólo requiere que «el elemento de peligro sea la actitud».
EXTERIORIZAR LA CONDUCTA A TERCERAS PERSONAS
Atendiendo a este último punto, el representante del Ministerio Público entiende que con la difusión de las publicaciones que hizo en redes sociales ha «exteriorizado a terceras personas» su conducta presuntamente delictiva.
Asimismo, tras dejar ambas conductas penales a valoración de la Sala, ha añadido que el acusado tan sólo se ha limitado a decir «eso no es mío», mientras que los testigos y peritos que han comparecido en la vista oral han demostrado su autoría.
Tras los informes de la Fiscalía y de la defensa –que ha solicitado la libre absolución–, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha otorgado a El Mourabit el uso de la última palabra, advirtiéndole de que no repitiese la teoría que mantiene acerca de su detención.
El acusado ha utilizado este turno para tratar de cuestionar lo manifestado por los testigos y peritos que han comparecido en el juicio y señalar que sus conclusiones «no cuadran». Así, apoyándose en los apuntes que ha ido tomando durante el juicio, también ha puesto en duda las traducciones que se han hecho de sus publicaciones.
En este sentido, ha rechazado lo manifestado por uno de los testigos, traductor con título universitario, para señalar que El Corán «no lo puede entender cualquiera». «Hay que verificar los títulos en España», ha añadido.
REPROCHES AL TRIBUNAL
Finalmente, la presidenta del tribunal le ha interrumpido para pedirle que resumiera los datos que había recogido y explicarle que «jurídicamente» el uso a la última palabra se concede para «añadir» algo que no se haya dicho durante la vista oral. «Voy a resumir muchísimo», ha dicho el acusado, que ha calificado sus notas de «tesis doctoral».
Tras reprochar al tribunal que no le diera su «tiempo» para defenderse y mantener su intención de seguir cuestionando la instrucción, la magistrada Ángela Murillo ha concluido el juicio y ha declarado el caso «visto para sentencia», lo que ha llevado al acusado a seguir protestando: «Menuda justicia, señora, donde un acusado no puede defenderse del todo».
