La defensa del presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, ha pedido anular la investigación del caso Voloh por presuntas irregularidades al ordenar las escuchas telefónicas que iniciaron la causa, y que a su parecer se justificaron con «una primera hipótesis policial sin fundamento objetivo de clase alguna».
La letrada Olga Tubau, que defiende a Madí, ha presentado al juez instructor un recurso de apelación, consultado por Europa Press, en el que pide anular el auto que en agosto de 2019 ordenó las escuchas telefónicas a Madí, Xavier Vendrell y Xavier Vinyals «por haberse prescindido en su dictado de normas de procedimiento que han producido indefensión» y una presunta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que reclama anular toda la causa.
El escrito presentado al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona señala que la nulidad de ese auto «comporta la nulidad de todos y cada uno de los autos de prórroga y de nuevas intervenciones referidas a otros investigados que se contienen en esta pieza», incluyendo los que ordenaron los registros del 27 de octubre, cuando la Guardia Civil hizo una veintena de detenciones.
La abogada reprocha que el informe de la Guardia Civil en el que se basa la autorización para las intervenciones telefónicas se centra en que los investigados supuestamente querían usar criptomonedas para desviar fondos públicos.
Para Tubau, es una conclusión que «no solamente no se dispone de ningún elemento probatorio que respalde la misma, sino que tampoco el tramo de la conversación analizado resulta ‘un indicio racional’ de esa conclusión porque en ese apartado lo único que se plantea, y ello se desprende de la literalidad de la conversación, es la eventualidad de que la Generalitat acepte el pago en criptomoneda» y no hay alusiones al uso de la criptomoneda para desviar dinero público.
Las investigación se abrió como una pieza separada de la causa que desde 2016 investiga los desvíos de fondos en la Diputación de Barcelona, y la letrada reprocha que la Guardia Civil, tras cuatro años de instrucción, «no tiene ni un solo elemento objetivo y concreto que le permita sostener que alguno de esos fondos públicos han entrado en el circuito de las criptomonedas».
FISCALÍA SE OPUSO A LAS ESCUCHAS
Además, recuerda que la Fiscalía emitió un informe contrario a aprobar la intervención telefónica que pedía la Guardia Civil, al considerar que no cumplía las condiciones legales para tomar esta medida: «O lo que es lo mismo, esas intervenciones vulnerarían, de autorizarse, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones», señala la defensa.
Pese al informe del fiscal, el juez instructor aprobó las escuchas y cuestionó «cómo pretende el Ministerio Fiscal que se pueda seguir progresando en la investigación de un hecho ilícito el cual, por esencia, se hace de manera secreta respecto de las autoridades policiales y judiciales».
Ante ello, la defensa de Madí sostiene que se podrían haber tomado otras medidas como por ejemplo hacer el seguimiento del destino de las subvenciones para lograr nuevos indicios delictivos antes de autorizar la intervención telefónica de tres personas.
