El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha quejado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que sólo le haya pedido a él, y no al que fuera su ‘número dos’, Francisco Martínez, su teléfono móvil para comprobar la veracidad del envío de los mensajes en los que supuestamente se habría hecho un encargo para obtener información sobre la operación ‘Kitchen’.
La defensa de Fernández Díaz ha presentado este lunes un escrito, al que ha tenido acceso a Europa Press, en el que muestra su «asombro y perplejidad» por el segundo requerimiento judicial para que entregue su terminal y verificar que los SMS que Martínez protocolarizó ante notario no salieron realmente del teléfono, tal y como sostiene el exministro.
El escrito firmado por el abogado Jesús Mandri se presenta tres días después de que el que fuera titular del Ministerio del Interior y el ex secretario de Estado de Seguridad se enfrentaran a un tenso careo para contrastar las versiones manifestadas anteriormente ante el juez sobre el conocimiento que tenía cada uno de ellos de la operación parapolicial que se montó en 2013 con el objetivo presuntamente de sustraer información sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas.
Un encuentro en el que el exministro del Interior reiteró que no había mandado ningún mensaje ni realizó ninguna llamada a Francisco Martínez para pedirle que recabara información sobre el operativo organizado entorno a Bárcenas y su familia. De hecho, llegó a afirmar que Martínez y el notario que levantó el acta notarial sobre dichos mensajes eran amigos y cuestionó la veracidad de los mismos.
INFORME PERICIAL
En este sentido, la defensa también aportó un informe pericial informático que asegura que los mensajes registrados ante notario están «manipulados», pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 volvió a requerirle el pasado viernes que entregara su teléfono móvil. El juez ya había hecho esta misma petición en el auto del pasado 3 de noviembre, en el que citaba al careo a ambos investigados en la pieza 7 del caso ‘Tándem’.
Así, ante la insistencia del magistrado para que el exministro entregue el teléfono móvil, la defensa destaca que «efectivamente resulta sorprendente que al sr. Martínez, quien sostiene que envió y recibió en 2013 los mensajes que se han protocolarizado ante notario, no se le haya requerido para que aporte el terminal de telefonía que utilizaba aquel año a fin de acreditar la realidad de tales comunicaciones, y sin embargo si se requiera de modo persistente al sr. Fernández Díaz con la finalidad de que aporte todos los teléfonos que ha empleado desde el año 2013».
«La cuestión no es baladí. Se está produciendo una suerte de inversión de la carga de la prueba, exigiéndose al sr. Fernández Díaz que sea él quien pruebe que no envió los reiterados mensajes», añade el escrito, que insiste en que las actas notariales se realizaron «en circunstancias cuando menos extrañas e irregulares.
Aún así, el abogado de Fernández Díaz asegura que atenderá al requerimiento judicial pero recuerda que, tal y como ya ha manifestado expresamente al juez, su representado no dispone del terminal que usaba en 2013, «disponiendo tan sólo del terminal que dejó de utilizar el pasado mes de abril de 2020, anterior al actual».
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por tanto, será este el dispositivo que se aportará, según señala el escrito que no recurre la decisión del juez García-Castellón. No obstante, sí solicita que se adopten las «medidas de seguridad oportunas y necesarias» para garantizar que el estudio del móvil tenga la «exclusiva finalidad de examinar si están o no los mensajes protocolarizados por el sr. Martínez».
Asimismo, teniendo en cuenta de que se trata del teléfono de un exministro, la defensa pide que se respete la «estricta confidencialidad y reserva respecto el contenido del terminal, especialmente en lo que exceda del objeto de análisis concretado en el auto».
«Entendemos que la práctica de la diligencia acordada en el auto del 13 de noviembre, debe acomodarse a la especial situación que implica la entrega de un terminal de telefonía utilizado por alguien que ha sido ministro del Interior durante cinco años, que puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos objeto de investigación en este procedimiento», explica.
Subraya que, precisamente ésta, «y no otra», fue la razón por la que se declinó dejar el móvil el pasado viernes al entender que «la diligencia iba a tener el mismo contenido y alcance que la practicada el pasado 30 de octubre», día en el que Fernández Díaz declaró como investigado.
Tras dicha comparecencia de finales de octubre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez García-Castellón que le requiriera el terminal para comprobar que no había intercambiado mensajes con el ex secretario de Estado. Fernández Díaz lo entregó voluntariamente pero aclaró que no era el mismo dispositivo que el que utilizaba en la fecha de la operación ‘Kitchen’ (2013).
Por ello, aunque sirvió para esclarecer que el exministro no escribe con el mismo estilo que el que aparece en los mensajes reflejados en el acta notarial –en su redacción no se sustituye la ‘q’ por la ‘k’–, según indicó entonces la defensa, el juez instructor de la Audiencia Nacional acordó que se le pidiera el móvil que usaba en la época en la que habría cruzado esos mensajes con Martínez con el objetivo de verificar su versión de los hechos.
