El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, y otros altos cargos del partido declararán el viernes en calidad de investigados ante el juez que investiga las cuentas ‘moradas’, en especial los contratos suscritos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
Del Olmo, así como Daniel de Frutos, administrador mancomunado de la coalición electoral Unidas-Podemos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; tendrán que comparecer como investigados a partir de las 10.00 horas en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid.
El titular de este juzgado madrileño, Juan José Escalonilla, también ha pedido que el 20 de noviembre comparezcan como testigos los representantes legales de varias empresas que contrataron con la organización ‘morada’.
El juez ya ha tomado declaración al otro administrador mancomunado de la coalición electoral, Carlos García Ramos –de Izquierda Unida–, y al administrador de Neurona, Elías Castejón, ambos investigados. Además, ha escuchado al denunciante, el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, y a la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona, como testigo.
El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por Calvente, en la que se recoge la investigación interna que hizo junto a Carmona a raíz de diversas denuncias que habrían recibido de trabajadores de Podemos por supuestas irregularidades y que, según sostienen ambos, fue el motivo de que fueran despedidos.
CONTRATOS SIMULADOS
La denuncia de Calvente apunta a una serie de hechos supuestamente delictivos, entre los que destacan los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada ‘Caja B’, manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados, aunque la atención se centra en la relación contractual entre Neurona y Podemos, donde el juez, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que podrían ser contratos simulados para desviar dinero de las cuentas del partido.
El Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias», aconsejando igualmente al juez que mantenga a la organización política como investigada porque «resulta más garantista».
