El Consejo General de Enfermería (CGE) ha defendido la gratuidad de las mascarillas, incluso las FFP2, para los colectivos más desfavorecidos a través de un régimen que tenga en cuenta la renta y condiciones socioeconómicas de cada individuo como, por ejemplo, no tener trabajo. Es decir, reclaman seguir la línea de los medicamentos y productos sanitarios reembolsables.
«Otra solución radicaría en facilitar un numero de mascarillas al mes a la población, al menos a colectivos vulnerables. Solo así se podrá garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una de las medidas de protección más eficaces de esta pandemia. Sería recomendable incluso crear estrategias de ayuda económica para la compra de este de productos en función de las posibilidades y recursos de las familias, tal y como ocurre ya con los medicamentos y productos sanitarios financiados. Respecto a la plena gratuidad para todos los ciudadanos, lo consideramos como un escenario magnífico, pero entendemos que puede resultar económicamente insostenible, más aún cuando se va a tener que afrontar el coste de vacunar a toda la población. En cualquier caso, merece la pena ir más allá de la reducción del IVA, porque están en juego muchas vidas», ha comentado su presidente, Florentino Pérez Raya.
La reducción del IVA a las mascarillas que va a aprobar el Gobierno es «bienvenida» por parte del Consejo General de Enfermería de España. Sin embargo, puntualizan que, «además de llegar quizá un poco tarde», puede ser una medida que «se quede corta en la lucha contra la emergencia sanitaria y social».
Así, consideran «primordial» crear mecanismos que «garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo». «Cabe recordar que una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas, según algunas estimaciones», apuntan.
«Muchos ciudadanos no pueden comprarse las mascarillas necesarias para hacer un buen aislamiento de la vía área, y las están utilizando muy por encima del tiempo útil de uso, incluso reciclándolas de forma inadecuada. Estas personas llevan una mascarilla que no sirve para nada, siendo un problema enorme de salud pública. El facilitar el acceso y la disponibilidad de mascarillas es invertir en salud y en un buen control de la pandemia», agregan al respecto.
Los enfermeros creen, además, que el Gobierno debe establecer una limitación del precio de las mascarillas autofiltrantes (es decir, las conocidas como tipo FFP2) estableciendo un tope máximo, como ya hizo con las quirúrgicas. «Estamos ante una situación de emergencia nacional y es inconcebible que la venta de estas mascarillas en las oficinas de farmacia y otros comercios siga realizándose en base a precios y colores y no a la calidad y nivel de protección que necesita la población. Por ello, la venta debería estar orientada a criterios técnicos y necesidades poblacionales. Además, debería garantizarse la homologación y calidad de las mismas y evitar a toda costa la especulación con ellas», reclaman.
