Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identifica al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, como apoderado de una de las cuentas bancarias que la formación morada usó para pagar a Neurona, consultora política a la que contrató para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en lo que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid sospecha que sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido.
Según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Europa Press, Echenique, Daniel de Frutos —uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos– y Carolina Alonso –diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid– figuran como apoderados de una cuenta en Triodos Bank de la que es titular Podemos y desde la que Alonso ordenó transferir 2.420 euros a Neurona el pasado 28 de enero.
La UDEF refleja otras transferencias de dinero, entre las que destaca una efectuada desde una cuenta en Caixa Credit Enginyers, de la que es titular Unidas Podemos y constan De Frutos y el otro administrador electoral, Carlos García Ramos, como apoderados. Desde ahí se ingresaron 363.000 euros a Neurona, el valor total del contrato por los servicios electorales, en tres tandas: dos envíos de 100.000 euros cada uno realizados el 9 y el 23 de abril de 2019 y un tercero del 9 de mayo de ese año por 163.000 euros.
Desde otras tres cuentas de esa misma entidad se hicieron más ingresos a Neurona: uno de 38.720 euros el 21 de mayo de 2019 desde una de la que es titular Unidas Podemos y apoderados Jorge Antonio del Rey y Miguel Montero; otro de 4.000 euros el 20 de noviembre de ese año desde una de Unidas Podemos en la que son apoderados De Frutos y García Ramos; y dos por un total de 17.303 euros ordenados el 9 de octubre y el 18 de diciembre del año pasado desde una de Podemos en la que figuran De Frutos y Denis Thomas Maguire.
EL CONTRATO CON NEURONA
En estos momentos, la cuestión electoral constituye el núcleo de la investigación que desarrolla el juez Juan José Escalonilla, quien ve «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.
La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los servicios contratados por Unidas Podemos con Neurona, a la que describe como «una empresa creada ‘ad hoc'» cuyo objeto real sería «la propia financiación del partido desde la cuenta electoral».
El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor. No obstante, la Fiscalía ha aclarado que «ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales».
Está previsto que este viernes declaren como investigados García Ramos, así como Elías Castejón Hernández y Eduardo López Hernández, administrador y persona de contacto de Neurona, respectivamente, y varios testigos.
La ronda de comparecencias continuará el 20 de noviembre, cuando están citados como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.
LA DENUNCIA DE CALVENTE
La causa parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
El juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta ‘Caja B’ de Podemos, descartando el delito de administración desleal, al considerar que «no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político».
Así, la investigación continúa para los otros tres hechos denunciados, aunque el Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales, por considerar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque «resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
