La Audiencia Provincial de Vizcaya ha rechazado decretar la entrada en prisión del profesor riojano de colegio de Gaztelueta, de la localidad vizcaína de Leioa, que fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel por abusos sexuales continuados a un ex alumno, cuando era menor, entre los años 2008 y 2010.
El Supremo rebajó la condena de 11 años de prisión que impuso al encausado el órgano judicial vizcaíno y, posteriormente, la víctima pidió la entrada en prisión del docente condenado, una solicitud que ha sido desestimada por la Audiencia de Vizcaya, ya que, para entrar en prisión, la pena debe ser superior a los dos años, si el procesado no tiene antecedentes y no hay riesgo de que reincida, según han informado fuentes del TSJPV.
El TS hizo pública a finales de septiembre su decisión de rebajar de 11 a dos años de cárcel la condena impuesta al docente porque, aunque consideró que el alumno, que en el momento de los hechos era menor de edad, había sido objeto de abusos continuados por parte del procesado, estimó que no estaban probados los hechos más graves descritos por la víctima.
El alumno solicitó, entonces, al órgano jurisdiccional vizcaíno que decretara el ingreso inmediato en prisión del condenado porque «sería comprensible que un pederasta condenado en sentencia firme» del TS no entrara en la cárcel, según explicó la familia de la víctima.
A su juicio, «la alarma social» causada por la rebaja de la condena al encausado no podría verse aumentada por su puesta en libertad. Sin embargo, la Audiencia vizcaína ha desestimado su solicitud.
«LAMENTABLE Y ABERRANTE»
El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, ha calificado de «lamentable y aberrante», no solo para su hijo, sino para todas las víctimas de abusos sexuales, la resolución judicial de «dejar en la calle a un pederasta en este país».
A su juicio, esto «sienta una jurisprudencia muy peligrosos y muy negativa, que puede hacer de efecto llamada para los abusadores sexuales». «Está demostrado que hay pruebas más que suficientes. No sé si alguien que ha tomado parte en este proceso judicial será capaz de dar la cara y decir a esta familia y a la víctima por qué un pederasta condenado puede permanecer en la calle y no sea inhabilitado para ejercer su profesión», para apuntar que, no solo es «bochornoso», sino que supone una «revictimación» de su hijo.