La ley mordaza de Iván Redondo “contra la desinformación” pone en guardia a los medios

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Ya desde el principio de su mandato Pedro Sánchez dejó claro que una de sus preferencias sería la lucha contra “la desinformación”. Este mismo jueves esas intenciones se pusieron negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad el pasado 6 de octubre, este “Procedimiento de actuación contra la desinformación” ya ha sido duramente criticado por medios de comunicación y asociaciones de prensa. 

Al frente de esta “Comisión permanente contra la desinformación” estará controlada y dirigida por Iván Redondo, director de gabinete del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Aguilar, secretario de Estado de Comunicación. Aunque las fake news y las campañas de manipulación masivas son un serio problema para la estabilidad de las democracias occidentales, los medios y editores de prensa dudan de la eficacia y la pertinencia de esta comisión. Temen, con razones más que fundadas, que no sea más que una excusa para censurar y perseguir a los medios críticos. 

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El CIS prepara el terreno

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Nos remontamos al pasado mes de abril, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas debido a la pandemia. A mediados de mes se publicó la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que, por primera vez, se introdujo una pregunta que extrañó e indignó a partes iguales. “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

Según el sondeo, un 66,7% de los encuestados «cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información«, frente a un 30,8% que «cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información». Y de aquellos barros estos lodos. El Gobierno ya puede ampararse en un supuesto respaldo ciudadano a la censura institucionalizada. Jugada maestra.