El Gobierno ha calculado una factura provisional de cero euros por el rescate de las autopistas radiales R-3 y R-5, dos de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y que actualmente gestiona el Estado, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha calculado en 430,1 millones de euros la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en estas dos carreteras, es decir, el importe que debe pagar a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado.
Esta factura es resultado de la suma del coste de las obras, que asciende a 573,9 millones y de las expropiaciones, otros 39 millones de euros. Sin embargo, al importe resultante le ha restado el valor de las inversiones necesarias para la entrega de las autopistas en condiciones de uso, de 80,9 millones, así como las indemnizaciones que asumió el Estado.
Por otra parte, el Ministerio ha retenido provisionalmente los importes para hace frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, como las expropiaciones pendientes de pago que pudiera seguir asumiendo el Estado o las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos.
Este importe retenido asciende actualmente a 467,6 millones de euros, es decir, más de 37 millones superior al pago que debería hacer el Estado a los propietarios de las dos radiales. «Dado que el importe de la retención provisional supera al de la RPA reconocida, el importe a abonar por RPA en estos momentos es de 0 euros y el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de R-3 y R-5 es negativo, de 37,4 millones de euros», explica el Ministerio que dirige José Luis Ábalos.
Este resultado implica que los tenedores del derecho de cobro no percibirán por el momento ninguna cantidad, ya que la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones «supera con creces» la RPA reconocida.
UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN UN AÑO
No obstante, este acuerdo de interpretación aprobado establece que, un año después de que se dicte la primera solución de determinación de la RPA, se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período, como es el pago de expropiaciones.
Con este proceso, Transportes ha iniciado el trámite de audiencia para la liquidación provisional de la RPA en las autopistas R-3 y R-5 (Accesos de Madrid). Se trata de la tercera concesión para la que se inicia este trámite, después de que el Consejo de Ministros lo aprobase el 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros ese mes y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
