El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que instruye la causa por presuntos desvíos de fondos públicos al independentismo, investiga si el Ministerio de Industria facilitó, con presuntos tratos de favor, una operación de la entrada de Mitsubishi con el 24,9% en la ampliación de capital de la empresa de automoción Bergé.
El juez instructor ordenó, en una diligencia firmada el 27 de octubre y consultada por Europa Press, requerir al Ministerio el expediente de la autorización de ampliación de capital de la empresa Bergé, tras recibir informes de la Guardia Civil que señalaban presuntos tratos de favor en el procedimiento.
La investigación parte de una conversación intervenida en el teléfono del exdirigente de CDC David Madí en abril, en la que un empleado del Banco Santander supuestamente le explicó que se había cerrado una operación «muy difícil desde el punto de vista organizativo» por la nueva regulación de las inversiones extranjeras, que requiere una autorización del Consejo de Ministros, y que según el mismo interlocutor no son fáciles de conseguir, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press.
En la conversación transcrita por la Guardia Civil, el banquero explica que había mucha espera para entrar estos asuntos al Consejo de Ministros, y para saltarse la cola tuvieron que hacer «malabarismos y sobre todo ha habido que hacerlo a niveles subalternos» del Ministerio.
«Aunque con el conocimiento de la ministra», añade el empleado en la transcripción, que afirma que el Ministerio ha insistido en guardar el asunto en secreto, por lo que asegura que decidió no publicar la operación hasta un tiempo después.
El mismo empleado afirma que ha sido necesario «que la ministra mirara un poco para otro lado» para cerrar la operación, haciendo que firmara su secretario –la Guardia Civil sostiene que el secretario al que hacen referencia es el director de gabinete de la ministra– pidiendo guardar el secreto, y el propio trabajador señala al Banco Santander como coordinador de la operación de ampliación de capitales.
PRESUNTA PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El informe de la Guardia Civil relata que Madí supuestamente supo en esa conversación que se había cerrado la operación de entrada de Mitsubishi en el grupo Bergé, «operación que se materializó gracias a poder saltarse la cola para obtener autorización del Consejo de Ministros haciendo malabarismos y sobre todo a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra Reyes Maroto consiguiendo que esta mirase para otro lado», según el informe policial.
El cuerpo señala que, si el contenido de la conversación es cierto, podría suponer los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias ya que a raíz del cambio normativo, era necesaria la autorización del Consejo de Ministros.
