La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este viernes a dos hombres acusados de varios delitos de corrupción de menores y de abuso sexual, por presuntamente pagarles a cambio de sexo y prácticas sadomasoquistas o fetichistas. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 21 años de cárcel.
En concreto, a uno de los hombres e le imputan varios delitos de corrupción de menores y al otro, de origen nigeriano, además se le añade un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal.
Según la Fiscalía, el primero de los procesados se relacionaba con menores de edad, manteniendo contacto con ellas a través del móvil y concertando citas mediante la intermediación de otra menor de edad amiga de las víctimas. El escrito de acusación señala sobre esto que la Fiscalía de Menores conoce la actividad como «captadora» de esta menor.
La Fiscalía sostiene que el acusado mantuvo encuentros con las chicas, sabiendo que eran menores de edad, en sus domicilios o en lugares al aire libre alejados de la vista pública, y que les proponía realizar prácticas «de naturaleza sado o fetichista».
La acusación pública añade que a cambio les entregaba dinero o las invitaba a comer o al cine, y aporta detalles sobre las prácticas que presuntamente les solicitaba realizar, en las que el acusado actuaba como «esclavo». Una de estas menores se encontraba en situación de tutela administrativa por desamparo.
En cuanto al segundo acusado, se trata de un hombre de origen nigeriano que fue detenido en octubre de 2019. la Fiscalía le imputa un delito de abuso sexual además de los delitos de corrupción de menores.
El Ministerio Público indica que, al igual que el anterior, presuntamente mantenía contactos con menores de edad y concertaba citas con ellas, en este caso en hoteles de Palmanova y Magaluf donde él se alojaba. Entre otros encuentros de naturaleza sexual, la Fiscalía le acusa de haber dado cocaína a una menor y haberle entregado 3.000 euros a cambio de mantener relaciones sexuales completas.
La Fiscalía también reclama medidas de libertad vigilada para los acusados cuando salgan de prisión, órdenes de alejamiento y que se les obligue a someterse a un programa formativo de educación sexual.
