La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha anunciado que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 recoge 257 millones de euros para eliminar el copago farmacéutico en menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; y a pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros, o a 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF.
En concreto, según ha detallado este viernes en rueda de prensa, de esta eliminación se van a beneficiar 6,047 millones de personas: 2,35 millones de las personas con ayuda por hijo a cargo, 3,56 millones de pensionistas y 138.102 menores con discapacidad. «Era un compromiso de este Gobierno. Fue una barrera en el acceso de los tratamientos en algunos sectores de la población», ha comentado Calzón.
A nivel general, este anteproyecto de PGE recoge un aumento del 75,3 por ciento del presupuesto destinado a política sanitaria, tal y como ha resaltado en su intervención el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En concreto, se contará con 7.330 millones, lo que supone un aumento de más de 3.149 millones, entre ellos 1.098 para el refuerzo de la Atención Primaria y 1.018 para la compra de vacunas contra el coronavirus.
Respecto a la partida destinada al Ministerio de Sanidad, se contempla un presupuesto total de 3.421 millones de euros, frente a los 327 del año anterior, es decir, «diez veces más, un incremento muy importante», ha resaltado Illa.
Este gran aumento del 75 por ciento en los presupustos se debe a la incorporación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa, conocidos coloquialmente como fondos europeos contra el COVID-19. Si no estuvieran incluidos en los presupuestos, la subida sería de apenas el 4,9 por ciento. Concretamente, 2.964 millones de euros de los fondos europeos se gestionarán desde Sanidad.
Asimismo, también incluye un incremento del tipo del IVA del 10 al 21 por ciento a bebidas azucaradas y edulcoradas, con el fin de favorecer hábitos más saludables entre la población, reducir el coste sanitario de patologías derivadas del consumo de estos productos. El Gobierno estima que su impacto será de 400 millones de euros. Según el Ejecutivo, esta medida se ha adoptado para seguir las recomendaciones emitidas por organismos como la CE y la OCDE. También está presupuestada la inversión de 400 millones para la renovación de tecnologías sanitarias.
