Un grupo independiente y de composición plural de expertos sanitarios ha elaborado ‘Consenso por un sistema sanitario del siglo XXI’, un documento con el objetivo de identificar los problemas que tiene el sistema sanitario asistencial y plantear diferentes propuestas para solucionarlo.
Este documento analiza las causas que generan los problemas actuales en el sistema. Según el texto, son «un modelo asistencial no actualizado; una gestión débil, con un marco de gestión de las instituciones sanitarias que no es adecuado; y problemas de financiación que están indisolublemente unidos al modelo de gestión; así como un tema mal resuelto en La Ley General de Sanidad, como la gobernanza del Sistema Nacional de Salud».
La avalancha de pacientes durante la pandemia ha puesto en evidencia algunas fortalezas y también debilidades del Sistema Nacional de Salud, problemas de gobernanza, carencia de un sistema de información robusto y problemas de salud pública que es necesario atajar cuanto antes. Abogamos por un sistema sanitario inclusivo que cuente con los ciudadanos y pacientes, con los profesionales y con todos los agentes del sistema. Además, debe ser un modelo asistencial adaptado a las nuevas necesidades y demandas sociales, eficiente, transparente y abierto a la innovación y el desarrollo», ha comentado uno de los participantes, Ignacio Riesgo, médico y consultor sanitario.
Este grupo de expertos apuesta por un Pacto por la Sanidad, que incluya a pacientes, profesionales y todos los agentes del sector, con los problemas de los pacientes y profesionales (listas de espera, inadaptación a crónicos complejos, calidad desigual, obsolescencia tecnológica, retrasos en la incorporación de terapias, inequidades de acceso a determinadas terapias, malestar profesional) «en primer plano en cualquier planteamiento de reforma».
Asimismo, estos expertos piden implicar al sector privado en el servicio público, impulsar las formas de colaboración público/privadas y considerar a las empresas farmacéuticas, de tecnología médica y de tecnologías de la información como «parte esencial de la cadena de valor del sector sanitario.
Asimismo, reclaman más financiación, hasta ir aproximándose al menos a la media de los países de la Eurozona en porcentaje de PIB dedicado a la sanidad pública. Sin embargo, señalan que los aumentos de financiación «no deben ser ‘operaciones de saneamiento’, sino que deben ir ligadas a mejoras concretas en el sistema, previamente identificadas y bien definidas en sus objetivos».
También instan a la creación de un órgano de consulta con representación de los distintos agentes del sector, así como un conjunto de Agencias Nacionales especializadas, empezando por la de Salud Pública. De igual forma, ven «esencial» proceder a la separación gobierno/dirección en las organizaciones sanitarias e impulsar la gestión clínica.
En este sentido, consideran necesario avanzar hacia una mayor autonomía de las organizaciones sanitarias, recuperando iniciativas ya iniciadas en España «sobre la base del consenso, la transparencia y la política de evaluación y rendición de cuentas». «Esta mayor autonomía implica, además, separación gobierno/dirección, creando órganos de gobierno en las instituciones sanitarias, y una gestión profesionalizada», apostillan.
Otro de los puntos que reivindican es un impulso a la transformación digital, en el marco de un nuevo modelo asistencial más adaptado a las necesidades de los crónicos complejos. «Dicha transformación digital debe hacerse en el marco de una revisión del actual modelo asistencial que incluya: un refuerzo de la atención primaria, desburocratización de las consultas, creación de redes asistenciales multiprofesionales y multinivel, desarrollo de actividad no presencial y de la atención domiciliaria, entre otros cambios», exigen.
Debe impulsarse la autonomía y el reconocimiento de los profesionales, buscando un modelo de relación laboral más flexible, que permita y favorezca el reconocimiento y la diferenciación individual y colectiva, posiblemente albergando una pluralidad de fórmulas contractuales y de servicio.
Por último, recuerdan que «no existe un conjunto de indicadores a nivel nacional, especialmente de resultados, que permita una comparabilidad entre los distintos centros y territorios». «Es crítico que se desarrollen un conjunto de indicadores tanto de recursos, como de actividad y resultados, de tal manera que podamos comparar el comportamiento del sistema a nivel nacional, en las distintas comunidades autónomas, áreas, servicios, fórmulas de gestión, y en el sector público y en el privado», concluyen.
Los miembros del grupo de trabajo son Mercedes Carreras, Jon Darpón, Javier Elola, Carina Escobar, Roser Fernández, Julián García Vargas, Pilar Garrido, Julián Isla, Gloria Lomana, Carlos Macaya, José Martínez Olmos, Julio Mayol, Ignacio Riesgo, Boi Ruiz y Antonio Zapatero.
