Plena inclusión espera que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, aprobado por el Gobierno, mitiguen el impacto que la crisis sanitaria del Covid19 ha tenido en las personas, familias y organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo.
La confederación, que agrupa a 935 entidades que defienden los derechos del colectivo, ha recordado la situación de pobreza en la que viven personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que en ocasiones es más grave que la del conjunto de la población.
A su juicio, es «urgente» asegurar el acceso al Ingreso Mínimo vital a estas personas, así como fomentar los itinerarios de inclusión y políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de inserción laboral.
PRIORIDADES
«Desde Plena inclusión se considera clave el reforzamiento de la prestación por hijo a cargo y medidas de conciliación familiar y laboral», apuntan.
También consideran una «gran prioridad» la sostenibilidad de las organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pues se encuentran en una situación crítica al hacer frente en solitario a los sobrecostes y reconfiguraciones de servicios que ha supuesto la pandemia y que no ha contado con ingresos extraordinarios facilitados por las administraciones públicas.
«Resulta urgente el aumento de los precios plaza que han quedado absolutamente desactualizados tanto en el Sistema de Dependencia como en la cartera general de servicios sociales de las Comunidades Autónomas», ha reclamado el presidente de la confederación, Santiago López.
Plena Inclusión, también pide inversión en educación y apoyo a la infancia y un despliegue de los fondos económicos con la transparencia y trazabilidad suficiente para asegurar que el impacto alcance a los colectivos y organizaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad.
