La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha manifestado su «profunda preocupación» por la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado, que el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA, ha aprobado por mayoría difundir, se indica, entre otras cosas, que esa reforma presenta dudas de inconstitucionalidad y se aleja de las recomendaciones de las instituciones europeas.
«Desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas, pero con el compromiso ético que obliga a todos los jueces a demandar que las reformas legales respeten la independencia judicial como garantía básica de los ciudadanos, sustentado en el apartado quinto de nuestros principios de ética judicial, esta Sala de Gobierno expresa su profunda preocupación por la Proposición de Ley dirigida a modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los Vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial«, señala el comunicado.
Continúa exponiendo que, «esta reforma presenta fundadas dudas de constitucionalidad al eludir el consenso parlamentario exigido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986 y dejar en manos de la mayoría de gobierno -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial».
«Además, se aleja de las recomendaciones efectuadas por las instituciones europeas, que vienen reclamando desde hace tiempo la necesidad de evitar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación íntegramente política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y compromete la posición de España en la Unión Europea al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático».
Para la Sala de Gobierno, «en estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política».
Por ello, «confía en que no siga adelante una reforma que menoscaba gravemente la independencia del órgano de gobierno de los jueces y, al mismo tiempo, se alcance el necesario consenso entre los grupos parlamentarios para renovar a la mayor brevedad el Consejo General del Poder Judicial con arreglo a las previsiones constitucionales, evitando que el bloqueo político impida su normal funcionamiento».
Este acuerdo ha contado con el voto particular discrepante del magistrado Alfonso Ballestín Miguel, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por entender que excede de las competencias de la Sala de Gobierno.
