El Gobierno de Aragón ha señalado que la huelga de médicos convocada este martes a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha sido secundada por el 1,97% del personal funcionario y el 10,3% del laboral en el Salud, en el primer turno. CESM ha cifrado el seguimiento en torno al 85 por ciento en el conjunto del país.
En Aragón, la convocatoria ha sido apoyada por CESMAragon y FASAMET y estaban llamados a seguirla unos 4.200 médicos de Atención Primaria y hospitales, así como 600 médicos en formación o Médicos Internos Residentes (MIR). Los servicios mínimos decretados por el Departamento de Sanidad han sido más elevados que en anteriores huelgas dada la situación de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que el paro del personal sanitario del grupo A1, incluido el personal de formación, en los centros dependientes del Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha tenido un seguimiento en el turno de 8.00 a 15.00 horas del 1,97 por ciento en el personal funcionario, con 70 trabajadores en huelga de 3.547, y del 10,3 por ciento en el personal laboral, 60 de 582.
La huelga pretende alertar de la «grave situación» de la sanidad pública y el «absoluto desprecio» del Gobierno central hacia las reivindicaciones de estos profesionales al negarse a negociar la principal de sus reclamaciones, la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
CESMAragon y FASAMET han explicado en una nota de prensa que la «totalidad» del colectivo médico y numerosas organizaciones han alertado de que esta norma «priva a los pacientes de sus derechos en materia de salud y a los médicos de sus derechos laborales».
El real decreto ley abre la vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios sin título MIR, «lo que supone un agravio y una disminución de la calidad de la asistencia que puede poner en riesgo la seguridad clínica de los pacientes», han esgrimido ambas organizaciones.
Además, con la «excusa» de las necesidades derivadas de la pandemia, el citado documento «atenta» contra otros derechos laborales, como permitir que el personal médico pueda ser trasladado forzosamente a otro centro e incluso a un puesto de otra especialidad. CESM lo ha definido como el decreto del «todo vale porque lo digo yo».
RECORTES
El colectivo médico quiere criticar con esta huelga «los recortes que está sufriendo desde hace años el Sistema Nacional de Salud, fruto de la insuficiencia financiera y los graves defectos de planificación y gestión».
También pretende poner de manifiesto la «precariedad laboral» derivada del «abuso de la temporalidad» y la falta de procesos selectivos y de movilidad, así como la sobrecarga asistencial, circunstancias todas estas que la pandemia de el COVID-19 «ha puesto de manifiesto, con toda crudeza».
La huelga persigue la retirada inmediata del citado real decreto ley, lograr «solvencia financiera» para una asistencia sanitaria «de calidad», una nueva regulación de la relación laboral del colectivo MIR que mejore sus condiciones laborales y formativas y con aumento de las plazas, plantillas adecuadamente dimensionadas, jubilación «flexible» entre los 60 y 70 años y mejora de las condiciones laborales y la presión asistencial.
