La pena de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Quim Torra, fijada inicialmente en 18 meses, se acortará unos 80 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya aceptado contabilizar, en parte, el tiempo desde que se le retiró el acta de diputado en enero y hasta que su sentencia devino firme en septiembre.
En un auto de este lunes, la Sala Civil y Penal ha acordado restar de su condena un día de cada tres desde que perdió el acta de diputado -el 27 de enero- y hasta el 28 de septiembre -cuando el Tribunal Supremo (TS) ratificó su condena y la inhabilitación pasó a ser firme-.
Así, se restan unos dos meses y medio a la condena de 18 meses que el TSJC le impuso por mantener una pancarta a favor de los presos del 1-O en la fachada de la Generalitat, de modo que la inhabilitación de Quim Torra podría terminar a principios de 2022.
Los magistrados también han acordado que Torra mantenga los honores y el sueldo de expresidente, después de que en la vista para acordar la ejecución de la sentencia la Fiscalía no se opuso a que los conservara.
VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DEL TSJC
El auto incluye un voto particular del presidente de la Sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, quien defiende que, por la vinculación entre ambos cargos, Torra no podrá ostentar el puesto de expresidente «hasta que no haya dejado cumplida la pena impuesta», la cual considera que también debe privarle del sueldo y honores de expresidente.
Barrientos, que sí comparte la decisión de acortar el tiempo de condena por la retirada del escaño, rechaza que Torra acceda a los honores de expresidente porque «atendida la intensa vinculación entre el cargo de presidente de la Generalitat y la condición de expresidente de la Generalitat, debe resultar natural que la privación de la primera lleve implícita la imposibilidad de adquirir la segunda».
