El representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha lamentado la «dejación» de los sucesivos gobiernos españoles a la hora de asumir las «responsabilidades políticas y jurídicas» que arrastra como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental y ha reclamado «valentía» para solventar la parálisis actual.
El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, con la renovación del mandato de la misión de la ONU (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, el foco vuelve a los primeros actores implicados en este litigio, en el que no se han registrado avances tangibles en estas últimas décadas.
«El hecho de que la potencia colonial no haya cumplido con sus deberes y compromisos y que el territorio haya sido objeto de una agresión y ocupación extranjera no puede justificar la dejación de España en asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas», ha lamentado Arabi en una declaración remitida a Europa Press.
El delegado saharaui ha afirmado que todos los gobiernos españoles, independientemente de sus siglas, se han visto «atrapados» entre una opinión pública que «apoya la autoderminación», según Arabi, y el temor a que cualquier «presión» sobre la monarquía marroquí derive en problemas en las relaciones bilaterales.
Esta diatriba ha derivado en que «el Gobierno de España no se ha implicado de manera determinante para buscar una solución al conflicto» y haya terminado invalidándose como potencial intermediario, dada la «percepción internacional» de que «apoya activamente» el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat.
POSICIONES INVARIABLES
El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindica un plan que contemple la independencia, frente a la oferta marroquí de una autonomía limitada. Las posiciones siguen invariables desde el plan de paz suscrito en 1991.
«El Frente Polisario y el pueblo saharaui llevan 29 años esperando pacientemente la aplicación de este plan por parte de la MINURSO para poder ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia reconocido internacionalmente», ha recalcado Arabi, que ha atribuido dicho fracaso no solo a los «obstáculos» de Marruecos sino también a la «inacción» de la comunidad internacional.
«España, que sigue siendo aún la potencia administradora del territorio, debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y, con valentía y firmeza, exigirle a Marruecos el cumplimiento de la legalidad internacional», ha insistido el delegado.
SIN ENVIADO ESPECIAL
La ONU y, en particular, su secretario general -ahora António Guterres-, ha dejado históricamente en manos de un enviado especial la responsabilidad de tantear a las partes. Sin embargo, la dimisión de Horst Koehler en mayo de 2019 ha dejado el puesto vacante, sin que Guterres haya anunciado el nombre del sucesor.
Arabi ha considerado «necesario» que haya un enviado especial por su implicación directa, ya que a él compete reunirse con «todos los actores implicados» y elaborar informes a partir de «hechos constatados y fehacientes». En este sentido, ha recordado que bajo la mediación de Koehler el Polisario y el Gobierno de Marruecos celebraron dos reuniones.
El delegado saharaui ha afirmado que Koehler se encontró «muchas trabas» para el desarrollo de su misión, «obstaculizado y claramente saboteado por la actitud del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad» de Naciones Unidas. Asimismo, ha considerado que le pasó factura no dejarse «instrumentalizar» para posicionarse contra la independencia.
«Desde su dimisión, no se han podido retomar las negociaciones entre las partes y la zona conoce una situación de tensión y provocación inusuales por parte de Marruecos», ha añadido Arabi, que ha citado como ejemplo de estas tensiones la situación en el paso de Gerguerat.
Este escenario «amenaza seriamente el alto el fuego», ha advertido, para acto seguido recriminar a las autoridades marroquíes que quieran construir una carretera asfaltada en una «franja de amortiguación» junto a la frontera con Mauritania. Arabi ha alegado que la «brecha» abierta en la zona es «ilegal» y tiene por objetivo «saquear» por tierra lo recursos naturales del Sáhara Occidental.
