Ciudadanos asume que el estado de alarma deberá estar vigente en España a «largo plazo» para que se puedan adoptar medidas de lucha contra el coronavirus dentro de un marco jurídico «estable», pero exigirá al Gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca periódicamente en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia.
Así lo ha explicado este lunes el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una rueda de prensa telemática en la sede del partido tras la reunión del Comité Permanente. Tras el Consejo de Ministros celebrado este domingo, en el que se aprobó el estado de alarma para toda España y la aplicación de un toque de queda nocturno, Sánchez solicitó apoyo a los grupos parlamentarios para prolongar la medida esta misma semana hasta el 9 de mayo.
«Entendemos esta declaración del Gobierno de que necesitamos un marco estable de seguridad jurídica para que se puedan ir adoptando estas medidas a largo plazo porque la pandemia no va a terminar en quince días», ha declarado Bal.
LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES «IRRENUNCIABLE»
Sin embargo, considera «absolutamente imprescindible», por «salud democrática», que el jefe del Ejecutivo «acuda periódicamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de cómo va la lucha contra la epidemia, el nivel de contagios, las medidas que adoptan las comunidades autónomas o si se van a endurecer las restricciones de derechos fundamentales o se pueden flexibilizar.
Esto es lo que reclamará Cs al negociar con el Gobierno su apoyo al estado de alarma, que le gustaría que se aprobara en el Congreso «con un amplio consenso». Aunque Inés Arrimadas ya ofreció a Sánchez los votos de su partido el viernes pasado, el objetivo de la formación naranja ahora es «mejorar» el decreto ley aprobado por el Gobierno, para lo cual Bal ya ha empezado a hablar con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Lo que no ha aclarado el portavoz parlamentario es si Ciudadanos se negaría a respaldar una prórroga de seis meses, después de que Arrimadas haya dicho que ese periodo le parece «excesivo» y que intentará que sea «mucho menor».
Según ha indicado, tratarán con el Ejecutivo la duración de la prórroga y la exigencia «irrenunciable» de rendición de cuentas por parte del presidente. Además, le insistirán en la necesidad de un «plan nacional» contra el coronavirus y pedirán ayudas para los sectores económicos más afectados por las restricciones.
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS RECURSOS SANITARIOS
Como parte de ese plan nacional, Cs reclamará que el Gobierno central «se responsabilice» y asuma su función de coordinar las competencias autonómicas en materia sanitaria para que haya «una respuesta única» a la pandemia, no 17 diferentes.
Asimismo, pedirá que una autoridad nacional «coordine los recursos sanitarios de las comunidades autónomas» para que, si alguna de ellas llega a tener saturados los hospitales, se pueda redistribuir a los pacientes a centros de otras regiones.
Por otro lado, Bal ha defendido el estado de alarma como un instrumento «eficaz» para frenar la expansión del virus en un momento en que la pandemia «se encuentra descontrolada porque el Gobierno ha llegado tarde».
Cree que ahora hay que tomar medidas «contundentes» como el toque de queda nocturno que suponen una limitación de derechos fundamentales -como la libertad ambulatoria o el derecho de reunión- y, por tanto, «no hay otro remedio que declarar el estado de alarma».
NO «ENGAÑAR A LA GENTE» RESPECTO AL MARCO JURÍDICO
Tras destacar que, según la Constitución, los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica, ha rechazado la opción de modificar la legislación para aplicar las mismas medidas que con el estado de alarma pero «cambiando el nombre» del marco jurídico, porque sería «engañar a la gente«.
A su juicio, la idea de reformar la Ley General de Sanidad de 1986 -como plantea el PP- tenía sentido cuando las medidas contra la expansión del virus no iban más allá de cierres perimetrales de ciertos territorios o limitar el aforo de los establecimientos y los comercios, pero no sirve para el toque de queda.
En este contexto, Bal ha aclarado que el «plan B» que Ciudadanos pactó con el Gobierno hace meses no era «para que nunca jamás se aplicara el estado de alarma».
Según ha recordado, gracias a esa negociación se introdujo la declaración de actuaciones coordinadas entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia sanitaria y se determinó que fueran los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional los que ratificasen o rechazasen las medidas adoptadas por los gobiernos.
Además de eso, Ciudadanos ha solicitado al Gobierno que reforme la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, para dotarla de más medios personales y materiales y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas, y Bal cree que también se podría mejorar la eficacia de la declaración de actuaciones coordinadas, por ejemplo sometiéndola a la ratificación de la Audiencia Nacional.
