El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en que el estado de alarma es «un fracaso» para añadir, a renglón seguido, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tenía que haber disculpado con la ciudadanía y reconocer su «error».
«Desde la política hay que hablar a los ciudadanos como adultos y no tratar de infantilizarles ni trasladar mensajes blandos. Ayer los ciudadanos hubieran agradecido que hubiera comparecido para decir ‘lo siento, hemos fracasado’ porque, es cierto, el estado de alarma es un fracaso», ha lanzado desde la planta de compostaje de Migas Calientes.
Almeida ha argumentado que Sánchez dijo hace tres meses que la pandemia había sido vencida, lo que ha resultado «del todo incierto». También ha rechazado que, como dijera el presidente, el Estado haya salido más fuerte tras la primera ola.
Y prueba de que no lo ha hecho es que «ha tenido que acudir a un estado de alarma con una duración superior a la de la primera ola». «Que haga un ejercicio de humildad con los ciudadanos, que tienen que confiar en las instituciones», ha aconsejado a Sánchez.
Para eso se tienen que frenar las «vueltas al lenguaje» con los eufemismos y asumir que se cometen «errores y fracasos, que hay decisiones que no fueron las adecuadas y declaraciones que no son acertadas».
En ellas ha enmarcado las del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que hace diez días sostuvo que la segunda ola se había estabilizado para acabar declarando ayer el estado de alarma con la pretensión de que se prolongue durante seis meses.
«Es la constatación de un fracaso pero no pasa nada por dar la cara ante los españoles y reconocerlo. Estoy seguro de que la ciudadanía valorará que quienes tenemos responsabilidad institucional de vez en cuando les reconozcamos que cometemos errores porque la verdad es el camino más corto para vencer la pandemia», ha subrayado.
El también portavoz del PP cree que el planteamiento del Gobierno de prolongar el estado de alarma durante seis meses merece una reflexión judicial y democrática porque durante ese plazo temporal se limitarán derechos fundamentales «sin control parlamentario ni judicial».
