El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tomará este viernes declaración en calidad de imputado, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en el marco de la denominada pieza ‘Kitchen’ del caso ‘Tándem’, en la que se investiga el operativo policial pagado con fondos reservados para conseguir documentación comprometedora para el PP que tenía su extesorero Luis Bárcenas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó citarle para declarar este 30 de octubre a las 10.00 horas, justo un día después de que lo haga el que fuera su ‘número dos’ y secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien deberá declarar el jueves 29 de octubre a las 10.00 horas.
Si bien estas dos serán las declaraciones más importantes de la causa de esta semana, el lunes tendrán lugar otras dos comparecencias de testigos. A las 10.00 horas está programada la testifical de quien fuera jefe de Gabinete de Martínez, Jorge Sanchís; y a las 12.00 horas será el turno de su asistente Iciar Castro.
En el auto en el que el magistrado imputaba al exministro, apuntaba que es evidente la existencia de un encargo efectuado al principal acusado de la causa, el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, «por personas vinculadas al Ministerio del Interior» y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.
«La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el Secretario de Estado de Seguridad», recalcaba el juez.
Asimismo, el magistrado indicaba que la operación «parece traer causa de un encargo efectuado por órganos superiores del Ministerio del Interior», por lo que indica que este departamento podría ser el responsable de «desplegar» el operativo.
LOS FONDOS RESERVADOS DEPENDEN DE INTERIOR
En su auto, García-Castellón explicaba que del estudio de las grabaciones incautadas en la causa se desprende que en verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el local de la calle General Díez Porlier –un estudio de restauración de arte de la mujer de Bárcenas– donde se habría hallado un ‘zulo’ en el que se guardaría documentación del extesorero.
Señalaba que esa documentación podría haber estado en poder de otro de los imputados en el caso, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Estos hechos, añade el juez, se habrían producido con el conocimiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
Además, el juez señala que esa operación parapolicial se realizó al margen de la que llevaba a cabo el grupo de la UDEF designado para las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, y que se sostuvo con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Así, apuntaba que la documentación recabada en registros, permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador. Y también, gracias a la documentación desclasificada por el Gobierno, consta que García Castaño recibió entre julio de 2014 y mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo con cargo a los fondos reservados.
Al hilo, Castellón incidía en que aunque el exjefe de la UCAO ha negado que esos pagos tuvieran que ver con Kitchen, sí que ha reconocido recepción de fondos reservados de Interior para comprar una pistola por 700 euros para el chófer, y para comprar material informático (1.905 euros). El juez recuerda que los fondos reservados deben ser controlados por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad, y en la época en la que tuvo lugar la operación (la ubica entre enero de 2013 y noviembre de 2016) ostentaban esos cargos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.
LOS MENSAJES ENTRE FERNÁNDEZ DÍAZ Y MARTÍNEZ
EL juez explicaba además que en su declaración García Castaño implicó a Francisco Martínez en la operación ya que le habría hecho entrega del volcado de dos móviles que le entregó el chófer y que pertenecían a Bárcenas. También leyó tres mensajes de Whatsapp que le habría mandado el cura Silverio Nieto en nombre de Francisco Martínez.
En esos mensajes, Martínez hablaba de la necesidad de entregar actas notariales que incluían mensajes de 2013 y 2014 sobre Kitchen y que conllevarían «la situación de Jorge y probablemente Rajoy». Silverio Nieto le escribió a García Castaño que ese mismo mensaje se habría enviado a «JF» -por Jorge Fernández Díaz–.
Por otro lado, de la transcripción de los mensajes cruzados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez se desprende que hablan del chófer de Bárcenas y que el que fuera ministro le pedía total coordinación y medios porque debían «conseguir esa info».
Con esos mensajes y otra conversación entre ambos de 2013 en la que hablan de una operación de volcado de dos iphones y un ipad que se habría realizado con éxito y que contendrían información para la defensa jurídica de Bárcenas, el juez coloca en la diana de la instrucción a ambos altos cargos de Interior.
COSPEDAL, GÓMEZ GORDO Y LOS TESTIGOS
A pesar de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por el momento el magistrado no cita a la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, ni a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitó imputarles por los mismos presuntos delitos que ha Jorge Fernández Díaz, esto es, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Pero García-Castellón entendió que antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se imponía, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez quien en su primera citación no quiso declarar y que ahora sí, ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.
El juez explicaba que uno de los principales indicios contra la que fuera secretaria general del PP, tal y como se desprende del informe del Fiscal, «es su conexión con el también investigado Andrés Gómez Gordo», inspector que estuvo prestando servicios de vigilancia personal para ella.
«Al parecer Gómez Gordo fue quien pudo ayudar a Villarejo a aproximarse a Sergio Ríos tras haber fallado en el intento García Castaño», recuerda, para añadir que Gómez Gordo negó en sede judicial cualquier intervención de Cospedal y López Hierro en su acercamiento a Sergio Ríos.
No obstante, el informe de Anticorrupción pedía esas imputaciones tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al exministro y los recibos de los pagos al exchófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en este operativo ‘parapolicial’ en el que habrían participado más de 70 agentes.
EL JEFE DE GABINETE Y LA ASISTENTE
En cuanto la citación como testigos de Jorge Sanchís e Iciar Castro, indica que les cita por la cercanía con el que fuera secretario de Estado a tenor de las comunicaciones registradas en el móvil del investigado.
En una conversación entre Castro y Martínez de febrero de 2019, ésta le dice que sabe que no es un delincuente y que le han engañado, Martínez le responde que estuvieron «en una piscina de tiburones», que ha sido «un pringao» y reprocha ante ella que Fernández Díaz sostenga que no sabía nada.
