Plena inclusión alerta sobre el “abandono” de las administraciones de 4.000 centros y servicios que atienden a miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante la pandemia.
“Nunca antes, en el más de medio siglo de historia de nuestro movimiento asociativo, habíamos vivido una situación tan crítica”, subraya Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
La segunda ola de la pandemia ha disparado todas las voces de alarma y la preocupación en el sector es máxima, ante la situación que se está generando en 4.000 centros y servicios que atienden a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
En concreto, esta entidad ha puesto el foco en la “falta de apoyos” de las administraciones públicas frente a los sobrecostes generados por la adaptación de todos estos equipamientos a las exigencias sanitarias de prevención ante la COVID-19.
“Las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir EPIs. Somos conscientes de que vivimos una emergencia social y precisamente por ello, las administraciones públicas deberían garantizar las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables. Y, desgraciadamente, esto no está ocurriendo”, explica López.
La organización que agrupa a 935 asociaciones en las que trabajan 40.000 profesionales denuncia el “abandono” institucional. “Desde el verano, con el inicio de la segunda ola de la COVID19, hemos venido recibiendo requerimientos de las fiscalías provinciales exigiendo la adaptación de instalaciones que implica aumento de personal para cumplir con las normas de prevención ante la pandemia fijadas por las autoridades sanitarias”, señala Juan Pérez, vicepresidente de Plena inclusión España. “Y, sin embargo, nuestras federaciones autonómicas no encuentran interlocución en la mayoría de las comunidades para establecer de qué modo nos van a ayudar en el sostenimiento de unos gastos imprevistos que están llevando a nuestras asociaciones a una situación financiera desesperada”.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión Canarias, afirma que “nos preocupa también la inseguridad jurídica en la que quedan nuestras entidades, ya que tienen que dar respuesta a esta crisis con un respaldo normativo sólido. Y no tenemos garantía de que sea así”.
140.000 personas
Plena inclusión atiende a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. La organización gestiona 1.016 centros residenciales (residencias o pisos tutelados) donde viven 17.000 personas con discapacidad. También coordina cientos de centros de día, ocupaciones o centros especiales de empleo, así como 232 colegios de educación especial en los que se presta atención a miles de personas con discapacidad de todas las edades, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo.
