Esta entidad reclama garantizar el equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivo de que este colectivo pueda “disfrutar de una vida autónoma y significativa”.
Más de 17.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, otros) viven en recursos residenciales en toda España. Un un colectivo que afronta con preocupación los rebrotes de la pandemia.
Plena Inclusión ha pedido que las nuevas medidas establecidas en recursos sociosanitarios por el Gobierno y las Comunidades Autónomas “encuentren el equilibrio entre las medidas de seguridad y el derecho de las personas a disfrutar de una vida autónoma y significativa, así como, garantizar los recursos que hagan posible su implementación”.
Según esta entidad, en las medidas acordadas forma genérica “se decreta volver a limitar al máximo las salidas de los residentes en centros sociosanitarios, sin ninguna especificación y sin considerar las lecciones aprendidas en la primera fase de la crisis sobre aislamientos y deprivación social severa y la falta de recursos extra para su despliegue”.
“Ante esta realidad, se considera que en esta segunda oleada de contagios se están tomando medidas parciales que restringen, en una primera estancia, a una parte importante de la población: el colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, por las características y situación de convivencia dentro de los centros residenciales, ya que estas medidas no son de aplicación cuando viven en sus propios domicilios. Y no se aportan respuestas que garanticen y favorezcan su calidad de vida”, añaden desde esta organización.
Sacar conclusiones del confinamiento
Para Plena Inclusión, “la experiencia de los últimos meses ha puesto de manifiesto que las consecuencias para la salud de la COVID-19 están vinculadas a las características y dificultades sanitarias, pero también y de forma muy relevante, a los entornos y modelos de servicios masificados, y no solo a grupos poblacionales concretos”.
En ese marco, esta entidad considera que “las restricciones deben estar claramente delimitadas, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2020) y alternativas de alivio y enriquecimiento social y emocional, evitando reclusiones sin medidas compensatorias”.
Propuestas ante los rebrotes
Por ello, desde Plena inclusión reclaman un plan de refuerzo estatal con una serie de peticiones relacionadas, por ejemplo, con sistemas de apoyo y supervisión que garanticen el respeto a la dignidad y derechos de las personas, incorporando en los protocolos y planes de contingencia medidas de alivio personalizadas que aseguren el bienestar emocional y psíquico de las personas con discapacidad intelectual en residencias y viviendas.
