La Comunidad de Madrid comienza la tramitación para pedir la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de favorecer la realización de obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios.
Camino de la inclusión en las comunidades de vecinos o, al menos, de evitar los sempiternos conflictos que impiden que en muchas ocasiones se aprueben medidas de mejora en la accesibilidad de los inmuebles.
La Asamblea de Madrid ha comenzado, con la presentación una proposición de Ley por parte de Ciudadanos, la senda para reformar la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de favorecer la realización de obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles sometidos a este régimen jurídico.
En toda España, más de 100.000 personas, con discapacidad y mayores, están permanentemente confiadas en sus viviendas, sin poder salir, por ausencia de accesibilidad en los elementos comunes de sus edificios (inexistencia de ascensores o de rampas, etc.).
Esto supone que este cambio legislativo, en la práctica, podría terminar con lo que, según CERMI, “constituye una violación gravísima de los derechos a la libertad de desplazamiento y a una vivienda digna y adecuada, reconocidos a la Constitución”.
Según explica esta entidad, el propósito de presentar en la Asamblea de Madrid esta iniciativa es lograr que en su momento pueda llegar al Congreso de los Diputados, al ser una materia de competencia estatal, pues la Constitución Española permite a los parlamentos autonómicos plantear a la Cortes Generales propuestas normativas sobre legislación reservada al Estado, para su toma en consideración y adopción en su caso.
La proposición de Ley de Ciudadanos, demandada y planteada por el movimiento CERMI, se dirige a modificar la Ley de Propiedad Horizontal haciendo obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles siempre que las soliciten vecinos con discapacidad reconocida o mayores de 70 años, sin limitaciones, como ocurre ahora, por razón del coste.
Si la Asamblea de Madrid toma en consideración y aprueba esta proposición de Ley presentada por Ciudadanos, la misma pasaría al Congreso de los Diputados, Cámara que tendría que pronunciarse sobre su admisión, y si es positiva, continuaría su tramitación parlamentaria como cualquier otra iniciativa legal.
El derecho al voto como antecedente
Esta mismo camino legislativo ya se siguió con la histórica reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que extendió el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, sin excepciones, que se inició en la Asamblea de Madrid a demanda del movimiento CERMI y terminó siendo aprobada por unanimidad de las Cortes Generales (Congreso y Senado) y hoy felizmente en vigor.
