La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha alertado de las consecuencias que la instalación de megaparques eólicos provocará en los espacios naturales de carácter singular, al considerarlos desprotegidos ante una normativa «burlada» por el «fraccionamiento» de los proyectos, una supervisión «insuficiente» del INAGA y la «vulnerabilidad económica» de los ayuntamientos para hacer frente a los servicios básicos.
El colectivo del Bajo Aragón ha intervenido en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes para lanzar un grito de auxilio en favor del modelo turístico «sostenible» del Matarraña frente a los macroproyectos eólicos que, en palabras de su portavoz, Javier Oquendo, «usurpan el territorio a sus habitantes y reproducen un modelo de sometimiento».
Asumiendo de partida la «emergencia climática» y la necesidad de apostar por las energías renovables, Oquendo ha denunciado que varios de los setenta y tres proyectos que pretenden instalarse en las comarcas turolenses ocupan en algunos casos espacios de la Red Natura e invaden zonas de paso de aves protegidas, campos de cultivo y paisajes turísticos que se verán «seriamente afectados».
Su compañera, Paloma Ibarra, ha incidido en la «gran marca visual» que «desde muchísimos kilómetros de distancia» dejarán molinos de doscientos metros de altura, el triple de los que caracterizan el paisaje de La Muela.
Una implantación que, a su entender, elude, cuando no contraviene directamente, referencias normativas como el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España, los mapas del paisaje en Aragón, la carta de paisaje del Matarraña y el capítulo seis de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA).
«El Gobierno de Aragón y estas Cortes son unos irresponsables si no evitan el daño tan grande que se puede producir porque los criterios de protección que establece el INAGA son insuficientes, no basta con atender a los yacimientos arqueológicos de la zona», ha criticado.
A esta postura se ha sumado su compañero de la plataforma Manuel Cárdenas, quien ha explicado la estrategia de las empresas instaladoras de «fraccionar» los proyectos para eludir el control de la Administración y, a ese respecto, ha mencionado varias sentencias del Tribunal Supremo y de los órganos superiores de justicia de regiones como Cantabria y Castilla y León, y ha puesto como ejemplo que los parques Estrella 1, 2, 3 y 4 proyectados en la zona de Gúdar-Maestrazgo sitúan doscientos molinos dentro de la Red Natura.
A esa debilidad normativa, Cárdenas ha sumado la «vulnerabilidad» que presentan las arcas municipales por el grave problema de financiación que sufren los ayuntamientos, a los que acuden los empresarios «ofreciendo una miseria» con la que pueden garantizar la prestación de servicios básicos para la comunidad «que deben ser sufragados por el Estado», ha lamentado.
GRUPOS
Por los grupos parlamentarios, Sergio Ortiz (PSOE) ha defendido la supervisión que realiza el INAGA sobre el impacto ambiental y ha mencionado los beneficios que estos proyectos han llevado a varios pueblos de Castellón, cuyos ayuntamientos se ven compensados y deciden la ubicación.
José Antonio Lagüens (PP) ha llamado a revisar la eficacia de la normativa medioambiental en la protección del paisaje y que el territorio decida a qué se quiere dedicar, pero ha reclamado «realismo» ante el actual modelo energético y por ello ha pedido compensaciones como las que se dan en Dinamarca.
Frente a las «opiniones de blancos y negros» que aparecen en los medios, la diputada de Ciudadanos, Elisa Sacacia, ha defendido «pararse a pensar cómo ordenamos el territorio» y «dónde ubicamos estos proyectos para encontrar un equilibrio justo».
En opinión del diputado de Podemos Equo, Nacho Escartín, los macroproyectos «no son compatibles con el modelo turístico sostenible ya consolidado en el Matarraña» porque «o queremos gente asentada en el territorio o puestos de trabajo para el montaje que luego no se quedan.
El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, se ha posicionado a favor de un modelo basado en el autoconsumo con pequeñas instalaciones en lugar de los macroproyectos porque a su juicio «no podemos repetir el modelo de ocupación del territorio, el de los embalses del Pirineo».
El diputado de Vox, Santiago Morón, ha compartido su desagrado por «los molinillos», pero ha destacado que producen energía limpia y que habrá que compatibilizarlo con las afecciones al paisaje, por lo que ha preguntado a los comparecientes por su modelo energético.
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha puesto el énfasis en la labor previa de vigilancia a la que se someten estos proyectos antes de su instalación en el territorio con el fin de proteger posibles yacimientos arqueológicos y monumentos.
