La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que «tome medidas» ante la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advirtiendo de que supone «un riesgo para el Estado de Derecho» en España.
En la misiva, que también ha sido enviada a la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, Pagazaurtundua afirma que la proposición de ley impulsada por los dos partidos que conforman el Gobierno «supone un paso, probablemente irreparable, en una dirección muy peligrosa» porque constituye «un ataque frontal a la separación de poderes» que «sostiene toda la arquitectura democrática».
El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, se ha hecho eco de la carta remitida a las autoridades comunitarias y ha asegurado que su partido trabajará «para que Europa frene esta cacicada que pone en riesgo principios democráticos básicos».
Bal ha dicho en varias ocasiones que el objetivo de los socialistas y la formación morada es «entregar a la mayoría Frankenstein» –el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios– el control total del CGPJ.
RECOMENDACIONES DESOÍDAS POR ESPAÑA
Pagazaurtundua, que es también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, indica que, en su último informe sobre el Estado de Derecho en España –del 30 de septiembre–, la Comisión Europea destaca la necesidad de renovar el CGPJ, en funciones desde 2018.
En ese documento, la Comisión recuerda las numerosas recomendaciones y amonestaciones realizadas a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, señalando la importancia de velar por que el órgano de gobierno de los jueces no sea percibido «como una institución expuesta a influencia política.
La eurodiputada explica a Von der Leyen que, precisamente, las principales causas del bloqueo del CGPJ «han sido siempre políticas, nunca jurídicas», debido a un sistema de elección de los vocales «ya altamente politizado y considerablemente contrario al espíritu constitucional».
Tras apuntar que la Carta Magna limita a ocho los miembros del CGPJ elegidos por las Cortes Generales, expone que el modelo actual «hace depender la totalidad de los nombramientos (20) de mayorías políticas» y que, además, los partidos «han intentado siempre que exista una inadmisible vinculación ideológica de los componentes de este órgano judicial a sus siglas políticas».
«Se ha llegado así a un sistema de reparto de tarta política con el que los partidos han convivido muy cómodos sin pensar en la independencia judicial, ni en reformar el sistema de elección del CGPJ, pese a las numerosas advertencias de instituciones internacionales y al crecimiento de formaciones populistas», lamenta.
La representante de Cs critica la ley vigente, según la cual la designación de los miembros del CGPJ se aprueba en el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, argumentando que puede llevar al bloqueo –como el que hay actualmente, por la negativa del PP a negociar con un gobierno donde está Podemos– o a la «injerencia política».
COMISIÓN DE VENECIA
Pagazaurtundua dice a la presidenta de la Comisión Europea y a los otros dos comisarios que, «a pesar de las injerencias», en España los jueces realizan su trabajo diario con independencia, pero que «la cada vez mayor politización se está convirtiendo en una tentación de aspirar al control total del máximo órgano judicial».
A su modo de ver, la reforma anunciada por el PSOE y Unidas Podemos agravaría el problema de la politización «hasta convertirlo en un riesgo para el Estado de Derecho en España.
Lo que proponen estos dos partidos es que baste con la mayoría absoluta de cada una de las Cámaras para aprobar los nombramientos de los doce vocales de origen judicial –seis por el Congreso y seis por el Senado– en una segunda votación 48 horas después de una primera votación en la que no se alcanzara la mayoría de tres quintos.
Por todo ello, la eurodiputada transmite a Von der Leyen «lo altamente preocupante» que es esta decisión del Gobierno de Sánchez y le solicita que «tome medidas al respecto e incluso lleve el caso a todas las instancias posibles para la evaluación de proyectos de ley, como es el caso de la Comisión de Venecia».
La Comisión de Venecia es el órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales, que puede emitir opiniones sobre borradores constitucionales y propuestas legislativas para analizar si están en línea con los estándares constitucionales.
«DERIVA POPULISTA»
En su carta, Pagazaurtundua asegura que la «deriva populista» del Ejecutivo con respecto al CGPJ «se enmarca en el plan desestabilizador» revelado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Según destaca, Podemos y parte de la cúpula del partido están investigados por financiación irregular y el propio Iglesias podría acabar imputado por el Tribunal Supremo por tres delitos en relación con la ‘pieza Dina’ del ‘caso Villarejo’.
«Las urgencias por nombrar a quienes, en un futuro, podrían llegar a juzgar al vicepresidente podrían llegar a tener consecuencias muy graves para la calidad democrática de España», avisa la europarlamentaria, vinculando la propuesta de reforma del CGPJ con la situación judicial de Iglesias y de la formación morada.
CIUDADANOS DEFIENDE LA «DESPOLITIZACIÓN»
Por último, en la misiva se señala que Ciudadanos es el único partido que «exige la profesionalidad, independencia y despolitización» del poder judicial y que no entra en el «mercadeo político» del nombramiento de los vocales del Consejo.
A continuación, se menciona la proposición de ley que presentó Cs –y que fue tumbada por el Congreso en septiembre– para que los doce vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial no sean designados por las Cortes Generales, sino elegidos por jueces y magistrados.
