Investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza han analizado el alcance de la pandemia Covid-19 en los servicios sociales de más de 60 municipios españoles en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid.
Una investigación que estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y que realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los retos derivados de la pandemia, según ha informado la Complutense en un comunicado.
Las investigadoras han estudiado el alcance de la crisis desde que se decretó el estado de alarma hasta septiembre de 2020 y lo han plasmado en un informe recientemente publicado. En él, se pone de manifiesto cómo los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, email, WhatsApp, etc.
En muchos casos la salud de estas profesionales se ha visto afectada por «el estrés, la angustia y contención emocional» que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social.
Las profesionales de este sistema dicen sentirse satisfechas con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y la sobrecarga de trabajo al que se han visto sometidas.
«IRRUPCIÓN DE NUEVOS PERFILES»
En esta línea, en el informe se alerta de la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarios que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de servicios sociales de referencia. Cuentan cómo ha afectado a miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida.
También la demora en el cobro de los ERTES ha supuesto que en los meses de marzo y abril no quedara «nada» del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España.
Del mismo modo que ocurre en el sistema sanitario, las dificultades y las demandas sociales cotidianas se sumaban a las generadas por la pandemia. De esta forma, se ha añadido la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias afectando directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo.
La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados, tal y como afirma una trabajadora social entrevistada. «Las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no se sabe cuándo se van a retomar» con las implicaciones que este retraso puede tener miles de personas dependientes y sus familias, aseguran.
En cuanto a previsiones de futuro se teme «lo peor» en algunos territorios, especialmente ligados a la estacionalidad (economías altamente dependientes del turismo o el trabajo agrícola), así como cuando medidas como los ERTES toquen a su fin.
El «deseo común» es que la presión hacia un trabajo asistencialista «no acabe» con los programas de intervención social que trabajan desde la prevención, la participación y la construcción de sociedades inclusivas.
En los próximos meses se continuará analizando el impacto de la pandemia en este sistema. Además, se estudiarán nuevas prácticas profesionales, así como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales.
