La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que la Administración Pública va a pasar a formar parte de las diez políticas palanca que van a permitir que España lleve a cabo un plan de reformas, «que será un punto de inflexión».
Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública, donde ha dejado claro que la regulación del trabajo a distancia en la Administración supone «abrir un camino hacia una Administración Pública del Siglo XXI».
«Sin lo público y sin los empleados públicos, la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma», ha apostillado la ministra, tras señalar que cree que el teletrabajo va a ser «un hito fundamental» en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.
Darias ha explicado que cada Administración será la encargada de concretar cuáles son los medios tecnológicos necesarios para desempeñar la actividad y ha indicado que la modalidad del trabajo a distancia debe ser «expresamente autorizada» y hacerse «con arreglo a criterios objetivos», pero también ser compatible con la modalidad presencial.
Asimismo, ha asegurado que el teletrabajo no puede suponer «ni un incumplimiento de la jornada ni del horario». «Las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y el empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño», ha apuntado Darias.
No obstante, la ministra ha subrayado que esta modalidad no es «ordinaria ni absoluta», puesto que la ordinaria sigue siendo la presencial. También ha señalado que será cada Administración la que decidirá cómo combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. «Es voluntario y reversible», ha recordado.
También ha aprovechado para recordar que esta modalidad puede ser aplicable a más de dos millones de empleados públicos de todo el país y señalar que esta es una norma básica y aplicable tanto al personal funcionario como al laboral.
«Parte de un marco común y compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada Administración dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar esta regulación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) a su propio ámbito autonómico que le corresponda», ha resaltado.
