La asociación de docentes PLIS Educación, por favor ha asegurado que el consejero de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, «sabe que la inmersión obligatoria es ilegal y por eso dilata su respuesta» ante el Defensor del Pueblo.
En un comunicado, la entidad ha señalado este martes que la Consejería «nunca atiende a las reclamaciones lingüísticas que exigen respeto» a los derechos de los castellanohablantes.
«Da largas, deja pasar el tiempo con la finalidad de diluirlas, porque, aunque sabe perfectamente que la inmersión obligatoria es ilegal, también sabe que los padres que quieran acudir a los tribunales deben gastarse mucho dinero y pasar mucho miedo», ha recalcado PLIS.
En este sentido, la entidad ha comunicado que, en junio, remitió con entrada de registro a la Consejería una denuncia de que la mayor parte de los proyectos lingüísticos de centros de Baleares no cumple el ordenamiento jurídico. También lo hizo el Defensor del Pueblo. «Pues bien, ni ha respondido a PLIS ni al Defensor del Pueblo», ha dicho.
Ante la falta de respuesta, desde PLIS han insistido en que la Conselleria «solo sabe negar los derechos» de los castellanohablantes, «creyendo infantilmente que con ello protege el catalán, sin preocuparle lo más mínimo los perjuicios y serios daños en la formación» de los alumnos. «La inmersión es para March dogma sagrado, sin ninguna excepción», han subrayado.
