El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que reclama al Gobierno que permita a aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno, «asumir en igualdad de condiciones la tramitación y gestión» del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El objetivo, explican los de Pablo Casado, es «evitar la discriminación entre ciudadanos» en función de la región en la que vivan, teniendo en cuenta, además, que Navarra y País Vasco ya cuentan con la gestión de esta prestación.
Desde la formación recuerdan que las autonomías ya cuentan con ayudas similares en su nivel administrativo y, a pesar de ello, el Gobierno «no consensuó» el «diseño» del Ingreso Mínimo con los ejecutivos regionales. Esto, ha indicado, ha generado «incertidumbre» e «inseguridad jurídica» entre sus beneficiarios.
Además, el texto apunta hacia «el caos» provocado por la «tramitación de esta prestación», con los «consiguientes perjuicios que está ocasionando a miles de familias en especiales condiciones de vulnerabilidad».
TRANSFERENCIA PARA AYUDAR A LAS ADMINISTRACIONES
«Los datos son alarmantes. De casi un millón de solicitudes, se han procesado 320.000 hasta septiembre, únicamente 91.000 fueron aprobadas, 86.000 denegadas y 142.000 están pendientes», recoge la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Es por eso, que el PP reclama que esta ayuda pueda ser gestionada por las autonomías y quiere que dicha transferencia en la gestión lleve aparejada «obligatoriamente» la transferencia de la dotación económica necesaria para hacer frente a los recursos humanos y materiales que permitan el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, personal administrativo y técnico, así como los canales de información y tramitación de las ayudas, todo ello en aras de evitar el colapso de los mismos.
Pero, además, los ‘populares’ piden agilizar la negociación con las entidades locales del convenio que tendrán que firmar para colaborar en la tramitación del IMV y crear un Fondo Específico, con dotación específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para que estas entidades puedan sufragar los gastos derivados de la gestión de la prestación.
Los de Casado también urgen a crear la Comisión de Seguimiento de esta medida que se establece en el decreto correspondiente al IMV y a reforzar, mientras el Gobierno mantenga la gestión de las ayudas, los medios personales y materiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
