La Comisión de control de los Gastos Reservados ha cumplido un año sin constituirse en el Congreso y no se reúne desde hace 18 meses, lo que supone que durante este tiempo no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, y todo ello porque los vetos cruzados entre los partidos impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir en sesión plenaria a sus integrantes.
La última vez que la también conocida como Comisión de Secretos se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales como consecuencia de las elecciones generales del 28 de abril, cuando el entonces ministro de Exteriores, Joseo Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento.
Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como ‘operación Kitchen’.
Pero ya no ha habido más comparecencias. El Congreso surgido de los comicios de abril de 2019, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses. Así las cosas, ya va para un año y medio que la Cámara no controla la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados.
El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.
Los elegidos, uno por cada grupo parlamentario del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la Comisión de Gastos Reservados, que dirige la presidenta de la Cámara, que controla el uso de estas partidas presupuestarias y donde rinde cuentas el CNI.
Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece muy propicio. Lo que no se consiguio en 2019, ahora tampoco está siendo posible con los partidos enfrentados en medio de la pandemia del coronavirus y con una moción de censura encabezada por Vox a la vuelta de la esquina.
AYUDA PARA METER A TRES O CUATRO PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS
Asi, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión, es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.
Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP, por su parte, también avanzó que no apoyarían que Bildu pudiera controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.
Los precedentes no son muy positivos. En la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. «Con su pan se lo coman», fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.
YA HUBO VETOS, PERO NO TANTOS
Y, además, en 2015 los ‘populares’ se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría «mucho sentido» que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como «independentista».
Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE, en cuya dirección ya han dejado claro que no facilitarían las cosas a Vox «por higiene democrática». De hecho, desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha descartado a los de Santiago Abascal en las rondas de contactos con los grupos del Congreso.
Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se irá dilatando en el tiempo porque, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, para que la elección de los miembros de secretos pueda llegar a incluirse en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo, ya que sería un fracaso dedicar cerca de dos horas para esa votación con papeleta y en urna para que luego ningún diputado superase esos 210 votos necesarios.
