El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha rechazado por unanimidad considerar a la eutanasia, cuya ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados, como un «derecho subjetivo» y, por tanto, incluirla como una prestación pública más.
Así lo ha señalado en el ‘Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación’, firmado el pasado de 30 de septiembre por los doce miembros del organismo.
El objetivo del trabajo es ofrecer una «reflexión» sobre un tema «tan complejo» como el debate de la eutanasia, especialmente en un escenario marcado por la pandemia del Covid-19 que ha evidenciado, a juicio de los miembros del Comité de Bioética, la necesidad y la «urgencia» de implementar una «verdadera sociedad del cuidado», que se haga cargo de la «vulnerabilidad» de la condición humana y de la importancia de incorporar a las personas mayores en la agenda política desde «otra reivindicación mucho más humana».
«Responder con la eutanasia a la «deuda» que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional», argumenta el organismo.
En este sentido, el Comité ha defendido la publicación del informe asegurando que si no lo hiciera sería «extraño» que, desde una perspectiva «estrictamente ético-legal», pudiera aprobarse en los próximos meses una norma legal que pretenda no solo despenalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio sino, también, reconocer un «verdadero derecho a morir» que, además, revista la condición de prestación con cargo al sistema público de salud, no se pronunciara.
«CAMINO DEVASTADOR» DE LA PROTECCIÓN A LA VIDA HUMANA
Así, y a lo largo de las 74 páginas, avisa de que legalizar la eutanasia supone iniciar un «camino devastador» de la protección a la vida humana, cuyas fronteras son «harto difíciles de prever». Además, considera que este acto no es un signo de progreso, sino que es un «retroceso de la civilización», debido a que en el contexto actual el valor de la vida de las personas se suele condicionar a criterios de utilidad, social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público.
Por tanto, el Comité de Bioética asegura que la legalización de la muerte temprana agregaría «un nuevo conjunto de problemas». Además, recuerda que la petición de una persona de la eutanasia ya está recogida en el Código Penal, lo que explica que en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos «sea algo no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas», y que el derecho a la vida está regulado en el artículo 15 de la Constitución.
Por todo ello, el Comité propone la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario.
Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir, a su entender, el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública.
«Todo esto, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna», zanjan en el informe.
