La realidad de ser trabajadores y ser pobres afecta a casi 2,5 millones de personas (13% de los trabajadores), según se desprende de una nueva entrega de la serie ‘Focus’ de la Fundación FOESSA, que lleva por título ‘Vulneración de derechos: Trabajo decente’, presentado con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, este 7 de octubre.
Según el documento -que analiza los retos a los que se enfrenta el trabajo decente en la estructura social y económica de España, las condiciones de precariedad que conducen al trabajo indecente y los efectos sociales que se producen cuando el empleo no garantiza una vida digna- el 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial, pero casi la mitad de ellos sufren la parcialidad indeseada.
La temporalidad en las contrataciones y la corta duración es otra de las realidades que azota al mercado laboral español: en agosto de este 2020, y según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, el 37,8% tuvieron una duración inferior a 7 días.
El informe también advierte de que la inestabilidad laboral grave alcanza a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo. Esta realidad afecta al 16,4% de las familias.
Las familias en inestabilidad laboral grave sufren serias dificultades económicas que se reflejan en no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52%) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42%).
La fragilidad del espacio básico de seguridad, la vivienda, es otra consecuencia de esta situación, pues 3 de cada 10 familias en inestabilidad laboral grave carecen de dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda.
El informe señala también que la privación del trabajo decente afecta más a aquellos sectores y grupos humanos muy expuestos a la estacionalidad y a las coyunturas socio-económicas, como la hostelería, el turismo o los servicios auxiliares. Al comparar la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos.
En relación al trabajo en el ámbito doméstico, destaca que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras (sector altamente feminizado) realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.
El documento también pone de relieve que las dificultades para acceder a un trabajo decente son especialmente significativas entre las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres destaca la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.
Asimismo, la población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.
Con todo ello, denuncia que los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a la mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral, recalcando que sólo el 24,8% de los hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.
