La Red Agua Pública de la que forma parte Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno que siga prohibiendo los cortes de suministro de agua a los sectores sociales vulnerables, en línea con los decretos ley aprobados los días 17 y 31 de marzo pasados en los que se precisaban las medidas extraordinarias en el ámbito económico y social frente a la crisis sanitaria del coronavirus en España.
Esas normativas se aprobaron en el marco del estado de alarma ante la previsible condición de vulnerabilidad y llegarán a su fin el 30 de septiembre.
Por ello, la Red Agua Pública considera coherentes con el derecho humano al agua que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica o social.
Las medidas contaron con amplio respaldo pero Ecologistas en Acción, como parte de la Red Agua Pública acusa al «lobby del agua privada» de presionar al Gobierno a través de una cara de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, a la que pidieron la suspensión de prohibir los cortes de agua por los «perjuicios comerciales» que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión, según la ONG que califica esa actitud de «egoista, insolidaria y mezquina» tanto que fue «denunciada» por la Red Agua Pública.
Sin embargo, seis meses después, Ecologistas considera que el impacto del COVID-19 ha ocasionado un «incremento notable del número de familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema», que ya alcanza casi el 68 por ciento de las vulnerables, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008.
Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5 % de las familias se han visto obligadas a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2 % viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.
Frente a esta situación, Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno «no ha renovado» las medidas de protección a los sectores sociales vulnerables lo que a su juicio es «a todas luces inaceptable» ya que advierten de que «condenará a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondrá en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua».
Por ello, la Red Agua Pública exige al Gobierno que reconsidere la decisión y «desoiga cualquier presión del lobby del agua privada» para reanudar los cortes de suministro y mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de garantizar el derecho humano al agua y no dejar a nadie atrás.
