Alcoa apunta al periodo de 15 días que, según destaca, tiene ahora para decidir sobre un proceso de despido colectivo en la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo (Lugo), tras frustrarse la venta tanto a Liberty como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y después de que los trabajadores «se negaron a negociar un plan social y no fue posible un acuerdo».
Este lunes concluyó sin acuerdo el periodo de consultas para la fábrica, después de una reunión de casi diez horas convocada por la empresa en Nigrán (Pontevedra), a unas tres horas de A Mariña lucense.
«Alcoa tiene ahora 15 días para tomar una decisión sobre la planta de aluminio que tiene una capacidad de producción de 228.000 toneladas al año», apunta la propia empresa en un comunicado.
Recuerda, en la nota de prensa, que el 13 de agosto anunció que había aceptado llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para extender el período formal de consulta del despido colectivo para que la compañía pudiera negociar «una posible venta de la planta de aluminio a GFG Alliance».
El periodo del proceso de negociación se completó posteriormente sin que GFG Alliance y Alcoa llegaran a un acuerdo sobre los términos de venta.
«DURANTE UN DÍA»
Según el acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores, incide Alcoa, en caso de no llegar a un acuerdo de venta al 27 de septiembre de 2020 -el pasado domingo-, Alcoa y los representantes de los trabajadores se reunirían «durante un día» para negociar un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la aplicación de un despido colectivo permanente (ERE).
Este lunes, advierte, «los representantes de los trabajadores se negaron a negociar un plan social y no fue posible un acuerdo, por lo que Alcoa cuenta ahora con un plazo de hasta 15 días, conforme a la normativa española, para tomar una decisión en relación al proceso de despido colectivo».
Añade Alcoa que el 25 de junio inició el proceso formal de consulta para estudiar un plan de reorganización con los representantes de los trabajadores. «El plan, destinado a frenar las pérdidas financieras persistentes y recurrentes de la planta de aluminio, recomendaba la parada de las cubas de electrólisis y mantener en funcionamiento una parte de la fundición», subraya.
Sobre el proceso de venta, Alcoa defiende haber negociado «de buena fe a lo largo del proceso de venta con GFG Alliance», pero insiste en que no puede acordar la venta «en condiciones que no sean razonables».
Asegura haber hecho «una oferta equilibrada para ambas partes» y «varias concesiones para llegar a un acuerdo». Por el contrario, acusa a GFG de no haber negociado «dentro del plazo que se comprometió a cumplir», de «negarse a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta» y de insistir «en términos comerciales poco razonables», incluida la aprobación de cualquier venta futura de la refinería, lo cual está «fuera del alcance del acuerdo con los representantes de los trabajadores del 13 de agosto».
Agradece la «predisposición» del Gobierno a buscar alternativas ante la «falta de progreso» por parte de GFG Alliance pero afirma que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI cuyas propuestas «incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería».
«No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores», reitera.
En este sentido, concluye que la refinería de alúmina de San Cibrao «no se incluyó en proceso de consulta ni en el de venta».
