La defensa de uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla por los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, ha solicitado a dicha instancia judicial la nulidad de los autos emitidos por la misma los días 9 de octubre de 2017, 23 de octubre de 2018 y 18 de junio de 2020 prorrogando sucesivamente por 18 meses la instrucción de la causa, según ha avanzado ‘Diario de Sevilla’ y se recoge en el escrito del citado abogado, recogido por Europa Press.
En las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de Idea y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía) a la empresa malagueña Isofotón han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.
Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era «absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución», pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), «por un precio simbólico de un euro», lo que no impidió que la empresa cosechase «cuantiosas ayudas con cargo al erario público».
Es más, tras el citado relevo societario, «Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.».
Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante «avales e incentivos directos a fondo perdido», toda vez que «los avales otorgados por la agencia Idea presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas».
IDEA «DEBÍA CONOCER LA DEFICITARIA SITUACIÓN» DE ISOFOTÓN
Para el juzgado, la agencia Idea «debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón», mientras la Soprea, como filial de Idea, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, «pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea».
En ese contexto, el letrado Juan Carlos Alférez, que representa a un directivo de IDEA investigado en estas diligencias, expone en su escrito al Juzgado de Instrucción número tres, que los autos de dicha instancia de octubre de 2017, octubre de 2018 y junio de 2020 prorrogando la instrucción de la causa «son contrarios a derecho por vulneración radical y frontal del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente al momento de su dictado, vulneran los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva (…) y deben ser reformados previa declaración de nulidad, expulsadas del procedimiento todas las diligencias practicadas que hubieren sido acordadas con posterioridad al 6 de junio de 2017 y contando solo con las diligencias que se hubieren practicado de las acordadas con anterioridad a dicha fecha».
Y es que según este letrado, el auto de fecha 9 de octubre de 2017 estaba «fuera del plazo legal, pues la instrucción ya había caducado el 6 de junio de 2017», extremo que abarcaría a los dos restantes autos.
«Es evidente que con la norma vigente al momento del dictado de los autos recurridos, una instrucción penal no puede durar cinco años, menos aún, no se pueden dictar cuatro prórrogas de la instrucción de una causa compleja, pero lo que choca frontalmente con la norma es dictar autos de prórrogas de la instrucción cuando ésta ya ha caducado, especialmente en el caso analizado, donde incluso todas las peticiones de prórroga del Ministerio Fiscal están presentadas fuera del plazo», esgrime el letrado Juan Carlos Alférez.
