El Tribunal Supremo ha citado para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés para que declare por la investigación abierta en su contra por un presunto delito de maltrato a su mujer.
El magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta –instructor del caso– también ha citado en la misma fecha para declarar como testigos a la mujer de Valdés, dos particulares, un médico del SUMMA, los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente y a cinco guardias civiles destinados en el municipio madrileño.
La citación llega días después de que Valdés solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que se encuentra ingresado en un hospital de Madrid desde hace varios días.
Fuentes del entorno del magistrado han indicado que éste espera recibir el alta hospitalaria en una semana, por lo que en principio no tiene previsto solicitar un aplazamiento.
Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.
Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.
«BASE INDICIARIA SUFICIENTE»
El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.
A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias» para esclarecer los hechos.
Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.
El Tribunal Constitucional ya ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia «mientras continúe el procedimiento judicial en curso».
