La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo mes de noviembre a un hombre para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión por presuntamente comprar con ‘bitcoins’ vídeos de pornografía infantil y al que, además, supuestamente le intervinieron en su ordenador miles de archivos de contenido pedófilo, entre ellos uno de su sobrina desnudándose.
Esta investigación, según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, fue fruto de la colaboración internacional de la Guardia Civil con la Agencia Policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre un portal web de la denominada ‘Dark Net’ o ‘red oscura’.
El acceso a dicha página, señala el ministerio público, requería que sus usuarios pagaran con ‘bitcoins’ o subieran archivos de pornografía infantil, determinando los investigadores que el acusado realizó, supuestamente, «al menos cuatro pagos a la plataforma» en mayo de 2016 y también presuntamente subió vídeos entre junio de dicho año y diciembre de 2017.
En el registro del domicilio del procesado y de sus ordenadores se localizaron almacenados «miles de archivos conteniendo pornografía infantil», indica esta acusación en su escrito, apuntando que algunos de los vídeos subidos a la plataforma eran «especialmente degradantes o vejatorios«. Según los informes, consta que desde 2016 al menos 189 archivos «fueron descargados y distribuidos por el acusado».
Además, se localizó un vídeo de su sobrina cuando esta tenía 13 o 14 años, que fue grabada por una cámara «sin que se diera cuenta cuando se desnudaba para cambiarse de ropa«, según ha puesto de manifiesto la investigación; hechos que fueron denunciados en septiembre de 2019.
Para el fiscal, se trata de un delito de distribución y posesión de pornografía infantil «especialmente degradante» y de otro de producción de este tipo de pornografía; solicitando que se le imponga al acusado la pena de nueve años de prisión por el primero y tres años por el segundo.
Asimismo, la acusación pública insta a que se le impongan la medida de libertad vigilada de nueve años y que se le prohíba al acusado desempeñar empleo o profesión relacionado con menores durante el mismo periodo de tiempo.
