La Ley de Libertades Sexuales que está redactando el Ministerio de Igualdad incluirá la figura llamada tercería locativa por la que se podrá penar a los dueños de los prostíbulos, según ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso la ministra del ramo, Irene Montero.
Durante su intervención en la sesión de control de la Cámara baja, Montero ha agradecido la labor que, en esta materia está teniendo también el Ministerio de Justicia con el que, según ha explicado, están trabajando para «acabar con la impunidad» de las personas que se dedican a la industria proxeneta, algo que «no se ha hecho nunca» en el país, según ha apuntado.
Para ello, la Ley de Libertades Sexuales anunciada por el Ejecutivo incluirá la figura de la tercería locativa para «acabar con la impunidad de los dueños de los prostíbulos» y «penar el proxenetismo en todas sus formas», incluido el «no coactivo». El objetivo, ha indicado la ministra, es «acabar con el proxenetismo» que, «según la Fiscalía General del Estado se lleva 5 millones de euros al día, la mayoría en dinero negro, a costa de la explotación sexual de la mujeres y, por tanto de la violencia machista».
La responsable de Igualdad respondía así a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz de ERC en esta materia, la diputada Pilar Vallugera, en la que pedía explicaciones a Montero sobre sus políticas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta que en agosto, la ministra envió una carta a las comunidades autónomas, pidiendo ayuda para el cierre de los prostíbulos.
ERC PIDE MÁS RECURSOS
«¿Cuántos recursos ha movilizado a través de transferencias o directamente a las administraciones competentes para el cierre de los prostíbulos?», ha preguntado la diputada independentista, quien ha reclamado, antes de señalar que si no puede hacer más en contra de esta materia «traspase» estas labores a las comunidades autónomas.
Para Vallugera, el cierre de los locales de prostitución durante la pandemia era «el momento ideal para detectar y perseguir las redes» de tráfico de personas, pero, además, ha reclamado dinero desde el Gobierno, para poder dar protección a las mujeres víctimas y un plan para su recuperación, que incluye medidas habitacionales, educativas y sanitarias, según ha indicado. En este sentido, también ha denunciado que el Protocolo de Palermo contra la trata es «casi desconocido» para las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha señalado que no se puede «expulsar» a estas mujeres del país, sino que hay que «protegerlas».
Tras esta intervención, Montero ha recordado que desde el Gobierno se transfiere a las comunidades autónomas y ayuntamientos 140 millones para la lucha contra las violencias machistas y que el Pacto de Estado en esta materia mandata que se aumente un 15% anualmente al presupuesto de las delegaciones del Gobierno para este tema. La ministra ha recordado que para lograr esto hay que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha llamado a Vallugera a trabajar juntas y ha apoyar las cuentes estatales.
En este sentido, ha insistido en que la explotación sexual de mujeres y menores «no va a acabar si no se les puede garantizar alternativas laborales». Montero ha explicado que su Ministerio trabaja ya con el de Empleo para buscar un «plan de empleo específico» para ellas.
