El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para fomentar el intercambio de información, experiencia y conocimientos y para colaborar en la planificación, preparación y respuesta ante situaciones radiológicas.
Asimismo, se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control con tres representantes de cada una de las partes, según ha informado la Consejería a través de un comunicado.
Este convenio da continuidad a las funciones que en materia de planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica se están llevando cabo desde el año 2011 entre la Consejería de Fomento y Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear reforzando el aprovechamiento mutuo de los recursos y experiencia de ambas instituciones.
La firma ratifica la cooperación de ambas partes en la planificación de las actuaciones necesarias para hacer frente a las emergencias radiológicas que pudieran afectar a los habitantes y al territorio de Castilla y León, además de la colaboración en materia de implantación y mantenimiento de la efectividad de los planes de emergencia radiológica de la Junta y la coordinación de las organizaciones de gestión de emergencias en caso de que se produzca un accidente radiológico que requiera la activación de los planes de emergencia.
Junta y CSN actuarán conjuntamente en estudios, ejercicios, simulacros y cualquier otra actividad que consideren necesaria para mejorar los planes de emergencia de la Junta de Castilla y León para hacer frente al riesgo radiológico y cooperarán en la adquisición de materiales y equipos comunes a ambas partes, que sean específicos y especializados para su utilización en situaciones de crisis.
Igualmente, el convenio contempla la cooperación en la formación técnica específica del personal de ambas partes, permitiendo la participación de sus miembros en las tareas formativas desarrolladas y el intercambio de información relativa a instalaciones, actividades y situaciones de riesgo radiológico para los habitantes o el medio ambiente de Castilla y León, estableciendo y manteniendo operativos los canales y sistemas de comunicación que sean precisos para hacerlo en el menor tiempo posible, entre otros.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio se crea una Comisión integrada por tres representantes de cada una de las administraciones, entre ellas, la Directora de la Agencia de Protección Civil en representación de la Junta de Castilla y León y la Directora Técnica de Protección Radiológica, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta comisión establecerá los criterios técnicos, directrices específicas, procedimientos, acuerdos o protocolos de actuación que se consideren necesarios en cada momento. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.
