La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso someterá a votación este jueves un convenio contra la doble imposición firmado con Bielorrusia en 2017, en la misma sesión en la que debatirá una proposición no de ley para exigir a las autoridades bielorrusas que cesen la represión contra la oposición, investiguen el fraude electoral y permitan una nuevas elecciones «libres».
El convenio figura en el orden del día junto con otros convenios internacionales. El Gobierno lo remitió a las Cortes el pasado mes de junio y la Mesa del Congreso le dio trámite ese mismo mes. La relación con Bielorrusia se tensó, sin embargo, en agosto, a raíz de unas elecciones presidenciales que la UE no consideró democráticas.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación han señalado que el convenio está siguiendo el trámite parlamentario habitual. El convenio comenzó a negociarse en 2008, ya que hasta ahora la relación fiscal con Minsk se rige por uno acordado con la entonces Unión Soviética en 1985, pero no se firmó hasta que en 2016 la UE levantó las sanciones que tenía contra el régimen de Aleksander Lukashenko.
Tras años de acercamiento, la UE ha considerado fraudulentas las elecciones presidenciales de agosto, reclama a Lukashenko que frene e investigue la violencia contra la oposición y prepara unas sanciones contra responsables del régimen que solo están pendientes del visto bueno de Chipre.
En agosto, el Gobieno de Bielorrusia destituyó a su embajador en España, Pavel Pustovoi, que había apostado por un recuento electoral y por investigar la violencia contra manifestantes y también las provocaciones a las fuerzas de seguridad.
En este contexto, el Grupo Socialista someterá a debate este mismo jueves una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a exigir, junto a la UE, a las autoridades bielorrusas que «garanticen el derecho de manifestación pacífica, el cese de los abusos policiales, la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente, el enjuiciamiento de los responsables de los abusos policiales y la reparación de las víctimas».
En segundo lugar, pide «promover un diálogo lo más amplio posible entre los principales actores políticos y sociales del país» para hacer posible «una investigación exhaustiva, transparente e independiente de todos los presuntos abusos que se hayan podido cometer» para «depurar responsabilidades individualizadas que recaigan sobre aquellas personas que hayan cometido actos de fraude electoral o un uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones».
NUEVAS ELECCIONES LIBRES
Su tercer punto pide impulsar una hoja de ruta para la desescalada «que culmine en un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia deobservadores internacionales e independientes», de manera que «sea el pueblo bielorruso quien decida libremente su futuro, sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos».
Junto a media docena de convenios internacionales, la Comisión de Exteriores debatirá este jueves nueve proposiciones no de ley sobre distintos asuntos, entre ellas dos, de Vox y PP, sobre Venezuela, días después de que la misión de verificación de la ONU haya hablado de crímenes de lesa humanidad atribuibles a los poderes públicos del país.
VENEZUELA, CEUTA Y MELILLA
La primera PNL a debate es la de Vox, que quiere que el Congreso inste al Gobierno a adoptar una «estrategia específica de colaboración» con EEUU y su fiscalía norteamericana para la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros imputados por «gravísimas acusaciones» de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y blanqueo de capitales.
Por su parte, el PP quiere poner sobre la mesa las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) de retirar la personalidad jurídica a partidos de oposición, «un paso más para tratar de legitimar, mediante una violación de las normas de respeto al juego democrático, un régimen autoritario con falsa apariencia de democracia».
El PP también quiere instar al Gobierno a liderar en la UE la «conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización» destinada a dar «asistencia humanitaria a toda la población, ayudar a la reconstrucción de las infraestructuras de emergencia, promover el Estado de derecho y restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias necesarias para hacerlo.
Los ‘populares’ también han presentado a debate una PNL para instar al Gobierno a crear una comisión interministerial que tome medidas «que garanticen la sostenibilidad de la vida en Ceuta y Melilla» ante la «sucesión de medidas de carácter unilateral» aplicadas por Marruecos en sus fronteras.
A ellas se suma una de Ciudadanos sobre cooperación internacional para hacer accesible la vacuna del Covid-19, dos del PSOE sobre las prioridades para la juventud en el marco de la pandemia y sobre la lucha contra el racismo tras el homicidio de George Floyd, otra del Grupo Confederal de Unidas Podemos sobre capacidades mundiales contra la pandemia y una de ERC sobre el Examen Periódico Universal de España en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
