El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los ‘okupas’ y se mejorara la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’.
La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.
El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».
También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.
En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’.
«PATADA EN 24 HORAS»
«Al ‘okupa’ patada en 24 horas», ha resumido Sánchez del Real, quien ha acusado al Gobierno de «proteger a los ‘okupas’ desde sus mansiones» y al ministro del Interior de intentar vender «humo» en esta materia. «Los que asaltan nuestra propiedad asaltan nuestra libertad», ha denunciado.
De su lado, la ‘popular’ Ana Zurita ha señalado que la ‘okupación es un problema gravísimo», en contra de lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, ha tachado de «paripé» las medidas anunciadas por el Gobierno y ha pedido una «verdadera ley ‘antiokupación’ que proteja a las víctimas» y vaya mucho más allá de las «insuficientes» recetas de Vox.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha censurado la «demagogia» que, a su juicio, lleva a la «izquierda» a «negar este problema», obviando que se produce 8.000 ‘okupaciones’ al año, muchas, ha señalado, dirigidas por mafias. «Hay que poner freno porque eso no va a hacer más que aumentar», ha avisado, recalcando que hay que «proteger a las víctimas» y quitarse «la venda ideológica» con esta cuestión.
También el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas ha llamado a «plantar cara a la okupación», en línea con su compañero del Mixto, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mientras que José María Mazón (PRC), ha justificado su abstención por considerar que basta con reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para atajar este fenómeno.
Aunque ha admitido que éste es un «problema grave», Mikel Legarda, del PNV, ha rechazado apoyar la moción de Vox, al que ha recriminado que lo relacione con la inmigración y que acuse al Gobierno de proteger a los «delincuentes» y al resto de grupos del Congreso de ser «cómplices».
El resto de grupo también ha descalificado de una u otra manera la moción de Vox. Así, la socialista Eva Bravo ha replicado que estas propuestas de dudosa constitucionalidad llegan «80 años tarde» porque incluyen medidas ya anunciadas por el Gobierno y la Fiscalía. «Hace 80 años lo que se ‘okupó’ ilegalmente fue la democracia española», ha apostillado la diputada, tras apuntar que la ‘okupación’ se triplicó durante los años de gobierno del PP.
La diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha cargado contra Vox por querer generar «alarmismo» creando «leyendas urbanas» sobre este tema para «sacar rédito político» cuando el verdadero problema, a su juicio, es la especulación y los altos precios de la vivienda.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha descalificado una moción desde su punto de vista «patrocinada por Securitas Direct» y los grupos «parapoliciales y filofascistas que se dedican a los desalojos». Ante esta afirmación, Sánchez del Real, ha negado haber cobrado por defender sus tesis y ha subrayado que sólo le mueve el interés general.
Rufián también ha remarcado que los allanamientos afectan al 0,060% de las viviendas en España para sentenciar que el temor a las okupaciones que pretende fomentar Vox no tiene fundamento. «Es mentira», ha aseverado, alertando de que con la crisis que se viene encima es más probable que muchos españoles estén «mucho más cerca de ‘okupar’ una casa de que se la ‘okupen’.
Desde EH Bildu, Oskar Matute ha tachado de «bodrio» la moción y ha negado, amparándose la legislación vigente, que exista un riesgo de que en España a un ciudadano le invadan y desposean de su vivienda habitual o vacacional -porque eso no es ‘okupación’ sino allanamiento– y que exista un problema «desbocado».
Matute ha aportado datos para avalar su tesis, ha negado que se pueda vincular ‘okupación’ con inmigración ilegal y ha acusado a Vox de pretender defender a los bancos y los grandes propietarios. También lo ha hecho el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha admitido que hay que buscar soluciones para los afectados, pero no las que plantea Vox que, a su juicio, busca «criminalizar la pobreza».
