El Gobierno presentará en las próximas semanas un plan de choque para el sistema de atención a la dependencia con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recuperará la compatibilidad entre prestaciones y servicios, así como los niveles mínimos, y aumentará las horas de atención domiciliaria.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, este martes 22 de septiembre durante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados.
«Les anuncio que en las próximas semanas conoceremos un plan de choque para el sistema de atención a la dependencia con reflejo en los PGE que sirva para revertir los recortes de 2012 y 2013 y asegurar una mejor atención a las personas dependientes y recuperar prestaciones», ha subrayado Álvarez.
En concreto, ha adelantado que se generalizará el servicio de teleasistencia, se garantizará la financiación a las CCAA, se aumentarán las horas de atención domiciliaria, se recuperarán las compatibilidades entre prestaciones y servicios, y se avanzará en la regulación de la figura del asistente personal.
Álvarez ha criticado que el sistema de atención a la dependencia cuenta con «450 millones de euros de financiación menos que en 2010 fruto de los recortes de 2012» pero, al mismo tiempo, «hay medio millón de usuarios más», algo que es «difícil de casar» y «obliga a hacer malabares».
Por ello, ha indicado que el refuerzo del sistema de la dependencia debe pasar por «incrementar el nivel mínimo y restablecer el nivel acordado»; por «mejorar la financiación en el plan concertado de servicios sociales que acumula importantes recortes»; y por que «el eje de los cuidados a las personas mayores de larga duración dependientes o con discapacidad, sea uno de los prioritarios en la distribución de los fondos de reconstrucción europeos».
Álvarez ha precisado que el próximo 2 de octubre han convocado un Consejo Territorial para trasladar a los consejeros y consejeras de las CCAA información detallada sobre el plan de choque sobre dependencia. Además, ha avanzado que crearán también un grupo de trabajo para «repensar el modelo de cuidados de larga duración».
Durante su intervención en la Comisión, el secretario de Estado de Servicios Sociales ha defendido la actuación del Gobierno y, en concreto del Ministerio de Derechos Sociales, al frente del cual está el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ante la crisis, aunque tampoco muestran «ni complacencias ni triunfalismos».
Según ha subrayado, es «competencia de las CCAA» pero ha asegurado que la Secretaría de Estado ha facilitado «herramientas» para «intentar evitar que los centros residenciales se convirtieran en espacios de contagio y vectores de propagación».
«La responsabilidad no se delega y no hemos echado balones fuera en ningún momento, desde esta Secretaría de Estado, respetando escrupulosamente nuestras competencias, hemos dado instrumentos para que quienes eran competentes, las CCAA, pudieran ejercer su trabajo en una colaboración que ha sido correcta y fructífera», ha asegurado en respuesta a preguntas de la diputada del PP Alicia García.
PCR EN TODA LA RESIDENCIA ANTE UN POSITIVO
Precisamente, ante los reproches de la diputada ‘popular’, que ha acusado al Gobierno de la «ausencia de protocolos» en los centros residenciales o de la realización de pruebas PCR solo a los nuevos ingresos, el secretario de Estado ha negado ambas afirmaciones y ha puntualizado que existe la obligación de realizar PCR a todos los residentes y trabajadores de una residencia en cuanto aparece un brote, o lo que es lo mismo, un positivo.
«Hoy la coordinación socio sanitaria no solo no falla sino que es efectiva. ¿Esto quiere decir que hay que ser complacientes? No, la situación sigue siendo de enorme tensión«, ha reconocido Álvarez. Si bien, ha instado al resto de grupos parlamentarios a «no utilizar esto como un ladrillo que se arroja a la cabeza de unos a otros» porque lo considera «una torpeza».
Ante esta segunda oleada de la pandemia, Ignacio Álvarez ha puesto de relieve la importancia del grupo de trabajo ‘Centros residenciales y COVID-19’, que se creó en junio con el objetivo de compartir información y criterios, y consensuar propuestas y medidas de coordinación para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes, y que presentará un informe en el próximo consejo territorial.
Por otro lado, ha desmentido que se vaya a cerrar ningún centro del IMSERSO. «Son bulos, van a mantener su actividad», ha precisado, al tiempo que ha destacado que diez centros permanecieron funcionando durante la primera ola de la emergencia sanitaria.
Durante las intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE Sonia Guerra ha subrayado la «necesidad hoy más que nunca de humanizar los cuidados» que «deben ser generadores de ocupación» e incorporar «instrumentos» que faciliten a los ancianos seguir viviendo en su domicilio.
Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha reprochado al Gobierno haberse quedado «repitiendo primero de pandemia» cuando el resto de españoles han hecho «un máster»; y ha rogado al Ejecutivo que aporte la cifra oficial de fallecidos en residencias –al menos 23.242 según el último recuento de Europa Press– y que obligue a hacer los test en estos centros para evitar que la segunda ola convierta las residencias otra vez en «una trampa mortal.
«OMISIÓN DE SOCORRO» A LOS ANCIANOS
Mientras, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha acusado al Gobierno de incurrir en un «crimen de omisión de socorro» al «aislar» las residencias y «privarlas de atención médica». «Solo recibieron paracetamol y morfina, fueron condenados a muerte sin sus familiares, casi se podría hablar de eutanasia masiva encubierta», ha exclamado.
Por el contrario, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra ha apostado por avanzar en un nuevo modelo residencial, con residencias «más reducidas y más parecidas a un hogar» y «acabar con el negocio de las residencias que ha resultado muy lucrativo para algunos fondos de inversión pero letal para los mayores.
Para la diputada de ERC Inés Granollers el horizonte es «desolador» y ha pedido una «urgente movilización de recursos financieros en el ámbito asistencial». Además, el diputado de Junts per Catalunya Genís Boadella ha pedido que no solo se reviertan los recortes en la Ley de Dependencia sino también la «injusticia» que, a su juicio, se ha cometido con las CCAA, «que han puesto la mayor parte del dinero para dependencia».
Finalmente, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha recordado que lo que solicitan las residencias es que se defina el papel de estos centros pues, a su juicio, han actuado como cualquier hogar durante la pandemia. «Hemos sido bastante injustos con estos centros. ¿Qué se les pedía, que fuesen centros sanitarios?», se ha preguntado.
También ha salido a debate la cuestión del Ingreso Mínimo Vital que, según han denunciado las diputadas de PP y Vox «ha llegado a menos del 1% de los hogares«. Ignacio Álvarez ha respondido que «urge» la agilización de la tramitación de esta prestación así como la construcción de «pasarelas» con las rentas mínimas de las CCAA.
El secretario de Estado se ha dirigido a PP y Vox para afearles, al primer partido, que «intenta utilizar una pandemia para derribar al Gobierno«, y al segundo, que «intenta encender la llama del odio» al acusar al Ejecutivo de hacer «eslóganes pegadizos».
