La proposición de ley de Junts para imponer un régimen sancionador a la morosidad entre empresas ha recabado este martes el apoyo del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Vox, Esquerra Republicana y Ciudadanos, que en el Pleno del Congreso han respaldado su admisión a trámite.
Junts ha agradecido este apoyo y ha pedido a los grupos ser «diligentes», para «si no a finales de año», sí esté aprobada y en vigor «a principios del año que viene», tal y como ha reivindicado su portavoz económico en el Congreso, Ferrán Bel, durante su intervención en tribuna.
Bel se ha referido a la morosidad como «una lacra», teniendo en cuenta que, si el plazo legal marca un límite de 60 días, el período medio de pago de empresas alcanza los 85 días, pero el de las más grandes, las cotizadas del Ibex 35, llega a 169 días. «Algunas cumplían y otras alcanzaban 300 días», ha incidido, señalando que las empresas renuncian a denunciar por miedo a perder clientes.
Por último, se ha mostrado dispuesto a negociar aspectos concretos de su propuesta, como la modificación de la Ley del IVA, ante la cual el Ministerio de Hacienda ya ha expresado su rechazo en el veto impuesto a una primera iniciativa de Junts, que llegó a vetar en la Cámara.
EL PSOE AVISA DE QUE BUSCARÁ DARLE LA VUELTA
De hecho, durante el debate de la iniciativa el PSOE ha calificado de «inasumible» esta propuesta en sus términos iniciales, asegurando su diputada María Márquez que provocaría una «significativa, por no decir enorme» pérdida de recaudación y generaría «indefensión» de la Agencia Tributaria al multiplicar los supuestos para modificar las bases imponibles y las autoliquidaciones no presentadas.
Por ello, Márquez ha advertido a Junts de que, aunque apoya tramitar esta iniciativa, presentará «cambios significativos y sustanciales» para aprobar una ley con un contenido «que no tiene nada que ver» con la propuesta original.
SANCIONES SÍ, PERO TAMBIÉN LIQUIDEZ
Por su parte, el PP, a través de su diputado Miguel Ángel Paniagua, ha llamado al Gobierno actuar para evitar impagos «en cascada», mejorando la liquidez y facilitando las condiciones de los préstamos avalados por el Estado, pero también adoptando medidas para aumentar el tamaño de las empresas.
Para Vox, que sea Junts quien traiga a la Cámara esta ley es «una paradoja» por «los casos de corrupción que cabalgan a lomos de los herederos de Convergència», cuyos dirigentes, ha dicho su portavoz fiscal, Inés Cañizares, «han extorsionado a empresas exigiendo comisiones por la adjudicación millonarias». «Y nos hablan hoy de sancionar a los empresarios», ha apostillado.
Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, ha celebrado «el palo» a la morosidad, pero ha apostado también por «la zanahoria», e incluir vía enmiendas «una línea de crédito blando para que las empresas puedan afrontar sus necesidades de tesorería» y así «evitar el colapso» por impagos empresas.
UN «COMPLICADO ENCAJE», ADVIERTE EL PNV
Ciudadanos ha apostado, a través de su portavoz económica, María Muñoz, «una solución de una vez por todas» para esta cuestión e impedir «que un acuerdo entre las partes quede encima de la ley», mientras que su homóloga en el PNV, Idoia Sagastizabal, ha señalado que esta «pretendida acción punitiva» tiene «complicado encaje» en unas relaciones de «carácter privado». En todo caso, ha compartido la necesidad de «atajar» estos incumplimientos.
Por su parte, el diputado de las CUP Albert Botrán ha relacionado el «abuso de poder» que se da en la morosidad con «los delitos que puede haber cometido la Monarquía española con el dinero de todos», hasta que la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, le ha retirado la palabra, tras haberle pedido tres veces que se ciñera a la cuestión.
