Las asociaciones de jueces han advertido este lunes que el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede conllevar que «decenas de miles de medidas» vuelvan a los juzgados y ello sin previsión presupuestaria y sin refuerzo de juzgados.
En un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente hacen así referencia a la posibilidad contemplada en las disposiciones transitorias de aplicar la nueva Ley, al momento de entrar en vigor, a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite.
Así, en la reforma de la ley, que desde julio se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas, se recoge en las disposiciones transitorias que la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos).
«Estamos hablando, en el mejor de los casos, de decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados. Ello se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, van a recibir», ha denunciado.
En este sentido, han alertado que si se mantiene esta previsión el resultado va a llevar a una «sobrecarga» de dichos juzgados, «con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos deellos particularmente sensibles». «En concreto, se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes», han indicado.
Por todo ello, las cuatro asociaciones de jueces han trasladado su confianza para que este «grave error de cálculo» puede ser corregido en la tramitación parlamentaria.
